Italia pierde la oportunidad de mostrar su compromiso con los derechos humanos y sus obligaciones internacionales introduciendo una nueva ley penal contra la tortura que es profundamente defectuosa.
El camino hacia la creación de una ley específica contra el delito de tortura en el Código Penal, un proceso que comenzó hace 28 años, se acerca a su fin. Italia finalmente intentará cumplir con las obligaciones que firmó en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura en 1989. El artículo 4 de la Convención dice lo siguiente:
- Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.
- Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.
Perder el tiempo, diluir la ley
Bajo la presión de asociaciones de derechos humanos, entre ellas Antigone y Amnistía Internacional Italia, el gobierno, con un impresionante retraso, comenzó hace unos años a redactar un borrador de la ley que permitiría penalizar los delitos de tortura en lugar de aplicar sentencias por cargos genéricos con penas y responsabilidades menores, como ha sucedido durante muchos años.
La discusión en el Senado comenzó en 2013, pero tardó tres años para que la Cámara de Diputados la modificara y ratificara y enviara nuevamente al Senado. En julio de 2016, el Senado suspendió la lectura y aprobación del proyecto de ley, después de haberlo modificado tanto que era incompatible con la definición de tortura de la ONU.
Una ley borrosa
Lo que está a punto de aprobar el Senado es una ley que tanto Antigone como Amnistía Internacional Italia consideran inaceptable: no solo la definición de tortura es deliberadamente poco clara y difícil de aplicar, y por ello no cumple con la Convención de las Naciones Unidas, ni promulga sus prescripciones, sino que también limita la noción de tortura psicológica a una medida inaceptable, considerando los instrumentos y métodos contemporáneos de tortura.
Por muy positivo que sea que Italia por fin vaya a tener un delito de tortura en su código penal, parece que el gobierno italiano, una vez más, no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La nueva ley llega con un retraso de 28 años, borrosa y por debajo de las expectativas.
