El Tribunal Constitucional húngaro ha dictado una sentencia para que los gobiernos locales no puedan tomar decisiones que obliguen a ciertos grupos a abandonar un municipio o creen dificultades para su asentamiento en él. Ha declarado que el tratamiento discriminatorio basado en decisiones de gobiernos locales de retirar ayudas sociales a algunos grupos no puede ser legítimo. La Hungarian Civil Liberties Union lleva luchando contra la regulación discriminatoria desde otoño de 2014, alertando a oficinas de gobierno local y a la Defensoría del pueblo sobre estas violaciones.