La nueva Ley de Seguridad Ciudadana española entró en vigor el pasado 1 de julio, pese a las críticas de instituciones internacionales y ONGs. Esta Ley ya ha dado lugar a la imposición de multas arbitrarias; como el caso de un joven que publicó un comentario en Facebook llamando "escaqueados" a los policías locales de un municipio de Tenerife, o el de una señora que publicó una foto de un coche de policía mal apartado en una plaza reservada para discapacitados. El modo en el que se está aplicando la ley confirma los temores acerca de su incompatibilidad con los derechos y libertades civiles.