Los partidos de la oposición en Alemania pidieron el 7 de enero la derogación de una nueva ley cuyo objetivo es eliminar el discurso de odio en las redes sociales. Su principal preocupación es que no deberían ser las empresas privadas las que tomen decisiones sobre la legalidad de las publicaciones. La ley, que entró en vigor el 1 de enero, impone multas de hasta 50 millones de euros a las plataformas que no eliminen el discurso de odio con prontitud. Para cumplirla y evitar multas, Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas y redes sociales podrían bloquear más contenido del necesario.