En octubre, algunas de las disposiciones clave de la Ley de reunión polaca perderán fuerza legal. A pesar de ello, el Ministerio de Administración y Digitalización ha esperado hasta finales de marzo para empezar a redactar una nueva ley de reuniones públicas, y aún tendrá que abrirse paso en los trámites de discusión parlamentaria.

A mediados de septiembre de 2014, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia sin precedentes en contra de determinados aspectos de la Ley de reunión. Esta sentencia apuntaba a las disposiciones que regulan las reuniones espontáneas, la ausencia de un procedimiento efectivo para cancelar una orden que prohíba una reunión, y las regulaciones que obligaban a los órganos municipales a separar las reuniones públicas que se realicen simultáneamente.

La sentencia dictaminó que algunas disposiciones de la Ley de reunión dejarán de estar en vigor a partir de octubre de 2015, pero no fue sino hasta hace poco que el Ministerio de Administración y Digitalización presentó un proyecto de ley en virtud de la sentencia constitucional.

Preocupación

A petición del ministerio, la Helsinki Foundation for Human Rights examinó el proyecto de ley y presentó dictámenes. "La nueva Ley de reunión despierta nuestra preocupación", declaró el Dr. Adam Bodnar, presidente adjunto de la HFHR.

El proyecto de ley introduce una división entre marchas y reuniones inmóviles. Ambos tipos de reuniones públicas han de ser objeto de conjuntos de procedimientos organizativos separados. Una novedad importante propuesta en el proyecto es el cambio en el límite de tiempo necesario antes de notificar a las autoridades la celebración de una reunión inmóvil (menos de 12 horas antes de su comienzo).

"Con este cambio en el límite de tiempo, las reuniones inmóviles serán tratadas igual que las reuniones espontáneas y el HFHR ha defendido siempre el reconocimiento legal de estas últimas", declaró Michał Szwast, abogado de la organización.

La Fundación Helsinki quiere que la fecha límite de notificación se cambie para pasar a fijarse en seis horas antes del comienzo, lo que permitiría que se celebraran manifestaciones más espontáneas y al mismo tiempo daría a la policía tiempo de sobra para prepararse, ya que tales reuniones rara vez requieren desvíos del tráfico.

¿Qué es una marcha?

La HFHR expresó también su preocupación ante determinadas regulaciones que se aplican a las marchas. Por ejemplo, sostiene que la definición de una marcha que ofrece la Ley es defectuosa porque es demasiado amplia.

"En el proyecto de ley, la definición de una marcha se aplica por igual a las personas que marchan en un bosque, en un parque o en zonas sin tráfico de la ciudad. No hay necesidad de regular este tipo de marchas en una Ley de reuniones, por ejemplo, obligando por ejemplo a sus organizadores a cumplir con las normas de notificación previa", declaró el Dr. Bodnar.

La organización señaló que la extensión del período mínimo de preaviso de la celebración de una marcha que puede perturbar el tráfico, que pasa de tres días hábiles a seis, no se ajusta a la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que el tribunal había dictaminado que el plazo de tres días hábiles era demasiado largo y que violaba la libertad de reunión.

Revisión judicial

El HFHR criticó también el procedimiento que regula los recursos contra las resoluciones denegatorias de las solicitudes de reunión pública. Aunque las nuevas reglas propuestas garantizan que un gobernador provincial decida sobre una apelación antes de la fecha prevista de la reunión pública, el proyecto de ley no hace mención de la revisión judicial.

"La nueva ley no ofrece dicha garantía en relación con las decisiones de revisión judicial, mientras que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las directrices de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa insisten en que ha de concederse a las partes interesadas la oportunidad de beneficiarse de una revisión judicial de la decisión de prohibir una reunión pública antes de la fecha prevista de celebración de dicha reunión", declaró Szwast.

La Fundación Helsinki propuso un cambio de este procedimiento, lo que daría a las organizadores el derecho de solicitar la revisión judicial de la decisión de una autoridad local y obtener el fallo de un juez antes de la fecha de la reunión pública.