Hace dos años el Gobierno español impuso el pago de tasas judiciales para poder acceder a los tribunales. Esto dio lugar al surgimiento de un movimiento que ha exigido su erradicación, pues suponen un obstáculo al acceso a la justicia. Este trabajo ha dado sus frutos y el Ministro de Justicia ha anunciado ahora la eliminación de las tasas para las personas físicas. Sin embargo, no se ha aclarado el destino de los mas de 500 millones de euros recaudados, ni cómo van a reparar a aquellos que, por no poder pagar las tasas, no accedieron a un juez o aquellos que hicieron un esfuerzo para pagarlas.