El Consejo de Estado belga, el máximo tribunal administrativo del país, ha dictaminado que el gobierno valón no llevaba a cabo suficiente investigación sobre el impacto negativo que podían tener las exportaciones de armas a Arabia Saudí sobre los derechos fundamentales en este país y en Yemen.

En diciembre de 2017, la Liga de Derechos Humanos (LDH), miembro de Liberties, y CNAPD, con el apoyo de la oficina de Amnistía Internacional en la Bélgica francófona, presentaron una petición ante el Consejo de Estado para suspender y anular las licencias de exportación de armas a Arabia Saudí, concedidas por el ministro-presidente de Valonia en Octubre de 2017.

Tres razones para la petición

Las ONGs presentaron la petición por tres motivos. En primer lugar, querían impedir el envío de armas de categoría militar y armas ligeras a Arabia Saudí, ya que con ellas las autoridades perpetran atroces vulneraciones de derechos fundamentales (de las que el país es constantemente responsable, no solo dentro de sus fronteras, sino también en otros países, como Yemen).

En segundo lugar, porque conceder una licencia así (había 28 licencias en total) vuelve a plantear la cuestión de la falta de transparencia con respecto a la decisión de otorgar este tipo de licencias.

En tercer lugar, porque esta petición ofrece la oportunidad de avanzar en la puesta en marcha de un embargo europeo. De hecho, la Posición Común del Consejo de la Unión Europea sobre la cuestión requiere que los Estados miembro consulten a otros Estados miembro que se hayan negado ya a emitir una licencia para una exportación similar (con respecto al país receptor y al tipo de armas que se envían) antes de emitir cualquier licencia de exportación de armas.

El dictamen emitido por el Consejo de Estado significa que, a la luz de la situación en Yemen y en Arabia Saudí, la región de Valonia debe suspender sus exportaciones de armas a Arabia Saudí, dada la alta probabilidad de que Arabia Saudí utilice estas armas para seguir vulnerando la legislación internacional en materia de derechos humanos.

A decir verdad, Arabia Saudí está desarrollando una política que va completamente en contra de sus obligaciones internacionales, así como de los intereses de Bélgica. El Consejo de Estado hace hincapié en que la región de Valonia no realizó ninguna evaluación de riesgo de estas exportaciones en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

Hace falta una supervisión democrática

El Consejo de Estado confirma que los decretos que se redactaron a resultas del recurso judicial presentado por LDH y CNAPD sobre las exportaciones de armas a Libia en 2011 se demostraron insuficientes. El decreto de Valonia necesita una reforma profunda para garantizar la transparencia y permitir que exista debate público en este tipo de temas.

Para ello, resulta imprescindible la transmisión de información que permita que los parlamentarios ejerzan realmente su poder de supervisión. Se debe crear un verdadero mecanismo de supervisión democrática de las exportaciones de armas que haga posible determinar si las exportaciones rompen con las obligaciones y los compromisos de Bélgica.

A fin de llevar un control efectivo y, en caso necesario, instar al gobierno a actuar, el Parlamento debe tener acceso a las opiniones de la Comisión. Como mínimo, habría que presentar un informe al Parlamento una vez al mes (en lugar de una vez al semestre, como sucede ahora). Además, la creación de una Comisión pluralista con una mayoría de representantes independientes, encargada de emitir las licencias, permitiría evitar que los intereses industriales y comerciales comprometan el respeto de los derechos humanos.

Por último, el Consejo de Estado recuerda al gobierno de Valonia que tiene una gran responsabilidad con respecto al sistema de gestión de armas en Bélgica. Al adoptar una actitud pasiva después de los primeros recursos contra las exportaciones a Libia en 2011 y, más tarde, al no aplicar el decreto que se redactó a partir de este caso y al ignorar la resolución federal que pedía que se iniciara un embargo sobre las exportaciones de armas a Arabia Saudí, el gobierno valón ha estado contribuyendo a un aumento del riesgo para esta industria.

Una oportunidad, no una derrota

Como propietario del 100 % de las acciones de FN Herstal, el gobierno tiene el poder y el deber de garantizar que esta empresa no dependa de mercados calificados (por el propio gobierno) de "muy sensibles". Al no hacerlo, a pesar de estar al corriente desde hace tiempo de los aspectos problemáticos del destino de estas exportaciones, es responsable del debilitamiento de este sector. Con su inacción, el gobierno adopta una posición que podría tener consecuencias de largo alcance para la tasa de empleo en este sector.

El dictamen del Consejo de Estado no debería considerarse una derrota para el gobierno de Valonia, sino más bien una oportunidad para que las autoridades adopten la Posición Común de la UE y, por extensión, faciliten que otros países la adopten también, a fin de llegar a un acuerdo sobre la puesta en marcha de un embargo en la exportación de armas a Arabia Saudí. Sería un modo de enviar un poderoso mensaje a otros Estados miembro de la UE.