Los objetivos que persigue la ley: fortalecer la agricultura familiar y proteger el campo de la especulación con terrenos agrícolas, no suscitan polémica acerca de su constitucionalidad. Desgraciadamente, las medidas que se proponen para alcanzar estos objetivos en muchos casos son arbitrarios y desproporcionados.

La propuesta de ley del gobierno polaco sobre el traspaso de terrenos agrícolas introduce cambios cuyo objetivo, entre otras cosas, es limitar la posibilidad de que los extranjeros puedan comprar terrenos agrícolas.

El 1 de mayo, Polonia habrá cumplido 12 años de membresía en la UE, en esta fecha finaliza el periodo de protección de la compra de terrenos agrícolas por extranjeros.

Para algunas personas, esto supone una amenaza, pues dicen que la tierra agrícola en Polonia será cada vez de más interés para otros países de la UE, especialmente aquellos donde la tierra es mucho más cara.

Normativa inconstitucional

La introducción de una normativa estricta que rige la compra de terrenos agrícolas por privados siembra dudas acerca de su constitucionalidad. Por regla general, solo los agricultores individuales podrán comprar propiedades agrícolas.

Según el proyecto de ley, una persona no puede ser considerada un agricultor individual si vive fuera del municipio en el que se sitúa la tierra, incluso si tiene las cumple con los cualificaciones pertinentes y trabaja personalmente la tierra.

Además, la nueva ley hace que sea imposible que aquellas personas que estén capacitadas para trabajar en la agricultura o tengan experiencia en ello, puedan comprar tierra si todavía no han tenido la oportunidad de hacerlo.

A los abogados de la Helsinki Foundation for Human Rights también les preocupa la constitucionalidad de la obligación de que tengan que gestionar personalmente la tierra durante 10 años desde la fecha de la compra. este periodo parece demasiado largo, y para poder obtener una exepción, uno debe cumplir unos requisitos muy estrictos, como vender la tierra a una persona querida o demostrar un caso fortuito.

"A la luz de la Constitución, las consecuencias de no cumplir esta obligación, especialmente el derecho [del Estado] a exigir la compra obligatoria de la propiedad agrícola, son desproporcionadas. Esto se puede percibir como una expropiación punitiva. Llevar a cabo este tipo de expropiación no es necesario para realizar el objetivo público, es inconstitucional", dijo Marcin Szwed, abogado de la HFHR.

Privilegio religioso

De acuerdo con la HFHR, la ley en cuestión también favorece injustificadamente a iglesias y asociaciones religiosas, a quienes no se les aplica las restricciones mencionadas. Este privilegio no se puede justificar ni por la labor de las comunidades religiosas ni por ningún otro factor.

El proyecto de ley anula también el derecho prioritario de compra a aquellos que perdieron sus posesiones bajo el Estado socialista, en el que no hubo ninguna compensación.

"Este cambio parece difícil de aceptar, especialmente a sabiendas de que para la mayoría de las personas, como aquellas que perdieron sus propiedades por el decreto comunista de la reforma agraria, el derecho prioritario fue la única forma de compensación moral", añadió Szwed.