La legislación sobre vigilancia, que pasó por el Parlamento a toda prisa en cuestión de días, es ilegal de acuerdo con el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido.

En la demanda presentada por los diputados David Davis y Tom Watson, representados por Liberty, el tribunal falló que las Secciones 1 y 2 de la Ley de retención de datos y de poderes de investigación (DRIPA), de 2014, son incompatibles con el derecho público británico de respeto de la vida privada y las comunicaciones y con la protección de los datos personales de los Artículos 7 y 8 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

Sentencia histórica

Esta sentencia histórica, publicada el pasado viernes, llega exactamente un año después de que la DRIPA recibiera la sanción real el 17 de julio de 2014. El gobierno de coalición la hizo aprobar por el Parlamento a toda prisa, alegando la necesidad de una legislación "urgente" tres meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara nula la directiva en vigor de la UE sobre retención de datos, por su alarmante interferencia con los derechos individuales a la privacidad.

La DRIPA permite a la ministra del Interior ordenar a las empresas de comunicaciones que retengan los datos de las comunicaciones durante 12 meses. Captura los historiales de las comunicaciones en el Reino Unido de todas las personas: correos electrónicos, llamadas, textos y actividad en Internet de los diputados, periodistas, abogados, médicos y otra correspondencia que podría ser confidencial o restringida.

Los datos retenidos gracias a la DRIPA están sujetos a unos criterios de acceso muy poco estrictos, que permiten que cientos de autoridades públicas los consigan, y a su vez puedan autorizar el acceso a los mismos por una amplia gama de razones que no tienen nada que ver con la investigación de delitos graves. Se conceden 500.000 peticiones al año aproximadamente.

Ilegal

El Tribunal Supremo ha fallado que las Secciones 1 y 2 de la DRIPA son ilegales por las causas siguientes:

- No proporcionan normas claras y precisas para garantizar que los datos sean sólo accesibles para prevenir y detectar delitos graves, o para llevar a cabo pesquisas penales relacionadas con tales delitos.

- El acceso a los datos no es autorizado por un tribunal o una institución independiente, cuya decisión pueda limitar el acceso y la utilización de los datos a lo estrictamente necesario. El fallo señala que: "La necesidad de que dicha autorización sea otorgada por un juez o funcionario totalmente independiente de la fuerza de seguridad o la institución que lo solicita no debería ser especialmente engorrosa, siempre que la persona responsable posea la formación o la experiencia adecuada."

Las secciones ilegales de la DRIPA seguirán en vigor hasta el final de marzo de 2016 para dar tiempo al gobierno de legislar de manera apropiada. En ese momento dejarán de estar vigentes.

Petición de cambio

James Welch, director jurídico de Liberty:

"Liberty lleva mucho tiempo solicitando una reforma radical de nuestras leyes de vigilancia para garantizar que los derechos civiles son respetados adecuadamente por parte del gobierno; cada vez más voces se unen a este coro que pide cambio. Activistas, diputados de todos los partidos, el propio revisor del gobierno de la legislación contra el terrorismo: todos piden una supervisión judicial y garantías más precisas. El Tribunal Supremo ha añadido ahora su voz, declarando ilegales algunas disposiciones claves de la DRIPA. La ministra del Interior tiene ahora que comprometerse públicamente a realizar la vigilancia con el respeto apropiado de la privacidad, la democracia y el estado de derecho y no seguir adelante con más de lo mismo."

David Davis, diputado conservador:

"El Tribunal ha reconocido lo que ya estaba claro para muchos desde el año pasado: la apresurada y mal hilvanada legislación del gobierno es rotundamente errónea. Ahora tendrán que volver a redactar la ley para que se necesite la autorización judicial o independiente antes de acceder a los datos de personas inocentes, de forma que refleje el nuevo consenso de los expertos que publicaron los informes Anderson y RUSI. Este cambio mejorará tanto la privacidad como la seguridad, ya que mientras el gobierno dio al Parlamento un día para estudiar la ley, el tribunal le ha dado casi nueve meses."

Tom Watson, diputado laborista:

"Al gobierno se le previno de que meter prisa a una legislación importante sobre seguridad tendría como resultado una chapuza de ley. Ahora el Tribunal Supremo ha fallado que deben volver al Parlamento y hacerlo bien. El gobierno dio un día a los diputados para discutir la legislación que fue presentada engañosamente como respetuosa con el derecho de las personas a la privacidad: tiene hasta marzo de 2016 para asegurarse de que la ley es redactada de nuevo. Debe haber una supervisión independiente de la capacidad del gobierno para recopilar los datos y debe haber un marco y normas apropiadas sobre la utilización y el acceso a los datos de las comunicaciones de los ciudadanos."

Consenso en aumento

El fallo llega después del informe de junio del revisor del gobierno de la legislación contra el terrorismo, David Anderson, Consejero de la Reina, que tachó la ley actual de "antidemocrática" e "intolerable" y solicitó un vuelco total de las leyes que regulan la vigilancia estatal. Entre otras cosas, recomendó la autorización judicial previa para todos los permisos de interceptación y para las peticiones de los datos de las comunicaciones, algo por lo que Liberty lleva haciendo campaña desde hace más de una década.

A principios de la semana, un estudio sobre vigilancia llevado a cabo por el Royal United Services Institute (RUSI) - en cuyo panel de expertos está un antiguo director general del MI5, jefe del Servicio de espionaje secreto y director de vigilancia de la Policía Metropolitana - recomendó la autorización judicial para algunos permisos de interceptación. La autorización judicial tiene también el apoyo del Partido Laborista, el Partido Nacionalista Escocés, los Demócratas Liberales, el Partido Verde y algunos diputados conservadores muy conocidos, entre ellos el ex Fiscal General Dominic Grieve, Consejero de la Reina.

El sistema actual no es correcto

En alguna de las pocas ocasiones en que el espionaje ha salido a la luz en los últimos años, la deficiencia del sistema de auto-autorización ha quedado en evidencia. La Policía Metropolitana ha tenido acceso a los historiales telefónicos de periodistas, ha espiado a la baronesa Doreen Lawrence y a su familia y se ha infiltrado en grupos de justicia social y medioambiental hasta el extremo de que algunas mujeres fueron engañadas y tuvieron relaciones románticas duraderas: una incluso tuvo un hijo con un agente secreto.

Durante el mismo periodo, las demandas judiciales han sacado a la luz que el GCHQ ha interceptado comunicaciones confidenciales legales de una víctima de torturas que demandaba al Reino Unido por su complicidad en su entrega a la Libia de Gaddafi y ha espiado a organizaciones de derechos humanos muy prestigiosas.

Hasta ahora, la ministra del Interior, Theresa May, se ha negado a comprometerse con las recomendaciones del informe Anderson sobre la autorización judicial previa. El Reino Unido es el único entre las naciones que componen Five Eyes (una alianza de espionaje en la que están el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda) que no utiliza a los jueces para la autorización previa de los permisos de interceptación.

El fallo completo puede consultarse aquí.

Un resumen conjunto de Liberty, Privacy International, Open Rights Group, Big Brother Watch, Article 19 y English PEN sobre la vía rápida de la Ley de retención de datos y de poderes de investigación está disponible aquí.