Rights International Spain y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (coalición integrada por 41 entidades), han remitido sendos llamamientos al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura, así como al Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humamos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, llamando la atención sobre los desafíos en materia de derechos humanos que conllevaría la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promovida por el nuevo Ministro de Justicia.

Por parte de las entidades se denuncia que el Gobierno desaproveche la ocasión para incorporar una serie de salvaguardias frente a la práctica de la tortura y otros malos tratos en centros de detención y custodia policial, a pesar de que España haya sido condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras instituciones internacionales por este motivo. Muchos organismos de derechos humanos han establecido que toda persona privada de libertad debería tener el derecho a ser examinada por un médico de su confianza, que todo interrogatorio debería ser grabado en vídeo y que los interrogatorios y registros deberían cumplir una serie de requisitos. Sin embargo, la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal no implementa ninguna de estas recomendaciones.

Limitaciones a los derechos

Asimismo, la reforma sigue permitiendo la detención incomunicada por hasta 13 días, durante los cuales una serie de derechos se restringen: las personas incomunicadas no tienen derecho a nombrar a un abogado de confianza, a entrevistarse con su abogado, a ser examinadas por un médico de confianza, a acceder al atestado policial, o a comunicar a un familiar la detención. Diversos organismos internacionales de protección de los derechos humanos han insistido en la necesidad la necesidad de abolir la detención incomunicada, dado que este régimen coloca en una situación de vulnerabilidad a la persona detenida, e implica un mayor riesgo de padecer torturas y otros malos tratos.

En las cartas también se subraya otro aspecto muy preocupante de la reforma: de aprobarse, el Ministro del Interior o el Secretario de Estado puede ordenar la intervención de las comunicaciones de una persona durante hasta 24 horas sin que medie autorización judicial. Es excesivo igualmente el plazo durante el cual un juez puede intervenir las comunicaciones de un particular: un total de dos años. En palabras de ambas organizaciones, “esta regulación resulta desproporcionada y no sólo afectará derechos fundamentales sino que, en general, supone una degradación del Estado de Derecho”.