El gobierno rumano ha aprobado una ordenanza de emergencia que suspende por 45 días la aplicación de una ley que impone limitaciones a la posibilidad de que alcaldes cambien de partido político. En la actualidad, un alcalde no puede cambiar de partido durante su mandato sin perder su escaño. Esta ordenanza de emergencia daría a alcaldes en toda Rumania una exención de esa ley durante 45 días.

APADOR-CH y otras 20 organizaciones no gubernamentales han impugnado la ordenanza de emergencia. Las ONGs critican tanto la manera en que se aprobó este proyecto de ley como su contenido.

Las ONGs denuncian el hecho de que el Gobierno aprobó una ordenanza de emergencia. Actualmente es el Parlamento el órgano competente para la aprobación de leyes en Rumanía, pero el Gobierno puede aprobar ciertas leyes sólo en circunstancias excepcionales. Esta laguna se ha abusado durante años y, con poca justificación, el Gobierno está aprobando actualmente más leyes que el Parlamento, con poca transparencia y sin ninguna consulta pública adecuada.

Un informe publicado recientemente por APADOR-CH mostró que en los últimos años el Gobierno aprobó decretos de emergencia una vez cada tres días de promedio. El abuso de la ordenanza de emergencia es preocupante ya que esquiva al Parlamento rumano, ignora la ley de consulta pública y pasa por alto el Tribunal Constitucional, ya que sólo el Defensor del Pueblo puede impugnar una ordenanza de emergencia ante el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo ha sido cada vez más reacio a hacerlo.

Las ONGs destacaron que la ley debe proporcionar estabilidad y previsibilidad y no servir a un propósito inmediato del partido gobernante. Las preocupaciones con respecto a la sincronización de la ley también fueron compartidas por la Embajada de Estados Unidos en Bucarest. Este proyecto de ley llega en el contexto de las próximas elecciones presidenciales a finales del año. En estas elecciones, se espera el apoyo de los alcaldes locales que juegan un papel importante, así que la suspensión de esta legislación permitiría a los principales partidos tratar de generar cuanto apoyo sea posible de los alcaldes locales.