Hasta 2013, una ley llamada oficialmente Ley 241/1990 era la única herramienta disponible para que los ciudadanos hicieran valer su derecho a acceder a la información en poder de las administraciones públicas.

La ley no garantizaba que la sociedad pudiera controlar la actividad de las administraciones públicas y por ello fue revisada en 2013, lo que llevó a la ratificación del Decreto de Transparencia por el Consejo de Ministros de Italia.

El Decreto de Transparencia amplió parcialmente el derecho de los ciudadanos a acceder a la información en poder de las administraciones públicas, con la introducción de una serie de medidas sobre la publicación en los sitios web públicos. A pesar de esto, el requisito de "acceso universal", la piedra angular de cualquier ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés), que permite que cualquier persona pueda solicitar cualquier documento, seguía ausente.

En 2016 por fin entró en vigor una FOIA verdaderamente extensa que incluía esta disposición fundamental, gracias en gran medida a la presión que ejerció sobre el gobierno el movimiento Foia4Italy, una iniciativa formada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil italiana.

Un derecho más sólido - en teoría

La entrada en vigor de una verdadera FOIA fue un paso histórico para Italia, que mejoro su lugar en el Right to Information Rating, la clasificación internacional sobre el derecho a la información.

Sin embargo, esta clasificación solo evalúa la calidad de la legislación, y la ley solo queda bien sobre el papel. La ONG “Diritto di Sapere” llevó a cabo una investigación para comprobar cómo se está aplicando la FOIA de facto, cómo responden las administraciones públicas a las solicitudes de acceso a la información en su trabajo diario.

Los resultados se publicaron en el informe "Ignoranza di Stato", un título que ya arrojar luz acerca de la aplicación de la FOIA por las administraciones públicas italianas.

Medir el acceso - en la práctica

En este análisis participaron 56 personas, entre ellos 15 ciudadanos, 18 periodistas, y 23 activistas de asociaciones (23), y enviaron entre todos 800 solicitudes de "acceso universal" a las administraciones públicas, con el fin de investigar y arrojar luz sobre algunas cuestiones que les afectan a ellos y a su trabajo de cerca.

Debido a la heterogeneidad del grupo de participantes, los temas de sus solicitudes fueron múltiples, entre los más frecuentes, la asistencia sanitaria ocupó el 48% de los casos, el gasto público (18%) y los migrantes (15%), pero también hubo consultas sobre los derechos de personas LGBTI, romanís o discapacitadas (5%) y sobre el medio ambiente (4%).

Por eso las administraciones públicas contactadas tiene relación con cada uno de los temas y contenidos que eligieron los participantes para realizar sus solicitudes.

Estos fueron los resultados:

• Siete de cada diez solicitudes fueron ignoradas. El silencio administrativo todavía está muy extendido: el 73% de las solicitudes de FOIA no recibieron respuesta en un plazo de 30 días, como prevé la enmienda de 2016 al Decreto de Transparencia. Incluso incluyendo las respuestas recibidas dentro de los 45 días, el porcentaje de administraciones públicas que ignoran las solicitudes sigue siendo un 53%. Es decir, la mayoría de las administraciones públcias italianas sigue ignorando las solicitudes de sus ciudadanos, obviando sin problema la ley que les obliga a dar una respuesta. Entre las administraciones públicas más alarmantes había hospitales, administraciones locales de salud y ministerios, pero también municipios y prefecturas.
• Demasiadas denegaciones ilegítimas. La FOIA define varios límites y excepciones al "acceso universal", que son los únicos motivos de denegación por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, el 35% de las denegaciones recibidas durante la investigación pertenece a la categoría de "denegaciones ilegítimas", es decir, el acceso se denegó sin un motivo claro o de un modo no conforme a las excepciones previstas por la FOIA. En bastantes casos, la solicitud se tramitó de acuerdo con la anterior Ley de acceso a la información (241/1990) o se consideró como una solicitud de acceso civil a documentos públicos. Estas son claras señales de advertencia, que revelan que la nueva FOIA apenas es conocida o respetada por las adminsitraciones públicas, lo que plantea la necesidad de invertir recursos en la formación de los funcionarios públicos.
• Si se interpreta correctamente, la FOIA es una herramienta muy valiosa. A pesar de que todavía existen problemas importantes de interpretación/ejecución, el informe destaca que el "acceso universal", si se interpreta adecuadamente, proporciona acceso a distinto tipo de documentos, datos e información que, con la ley anterior (241/1990), eran inaccesibles para los ciudadanos. También vale la pena mencionar que algunas de las solicitudes que fueron ignoradas en 2013 cuando todavía existía la ley 241/1990, fueron enviadas nuevamente y respondidas con éxito en esta ocasión.

Todavía queda mucho por hacer

Los resultados sugieren que el título "Ignoranza di Stato" [Ignorancia de Estado] no podría ser más apropiado. A pesar de ser alarmantes, también hay esperanza de futuras mejoras: si se aplica/cumple/interpretada más adecuadamente en los próximos años, la FOIA podría aumentar realmente el grado de transparencia en Italia.

Sin embargo, para ello es necesario invertir recursos en la formación de funcionarios, que es el requisito básico para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la FOIA -el plazo de 30 días, las razones de denegación, orientación sobre cómo enviar una solicitud. Finalmente, dada la novedad de la FOIA italiana, hay margen para mejoras y enmiendas.