Hungarian Civil Liberties Union (HCLU), socia de Liberties, recogió en un análisis profesional detallado todos los aspectos de una nueva legislación que, en su opinión, dificultará la capacidad de protesta de los ciudadanos húngaros.

¿No más protestas en los tribunales?

Una de las principales cuestiones que plantea HCLU es que, en virtud de la nueva ley, la policía tendría el poder de tomar muchas decisiones arbitrarias, mientras que una buena ley no debería dejar la libertad de reunión a merced de la buena voluntad de una autoridad subordinada al gobierno.

La ONG lamenta por ejemplo el hecho de que, al prohibir las protestas que puedan obstaculizar el tráfico, la nueva ley supone un paso atrás: una regresión a leyes que existían antes de la adhesión de Hungría a la Unión Europea, que también dieron pie a abusos por parte de la policía.

Asimismo, teme que ya no sea posible organizar protestas frente a los tribunales.

Actualmente, la razón por la que se podía prohibir una manifestación de ese tipo era que supusiera "una grave amenaza para el funcionamiento normal de los tribunales", pero esto se sustituiría por una definición que permite un ámbito de deliberación mucho más amplio. A partir de ahora, bastará con demostrar que "hay motivos para creer que una protesta puede interferir directa, innecesaria y desproporcionadamente con el funcionamiento de los tribunales" para prohibirla.

Responsabilizar a Hungría

Otro problema añadido es que la nueva ley otorga a la policía el poder de registrar a todas las personas presentes en una manifestación, incluso si están protestando pacíficamente, si hay unos pocos participantes que la policía considera demasiado agresivos. Los provocadores, a su vez, podrían perturbar fácilmente una protesta fingiendo ser periodistas, ya que los organizadores se arriesgarían a cometer un delito menor si excluyen a un periodista de la manifestación.

HCLU sostiene que, si bien la nueva ley sobre el derecho de reunión aclara varias cuestiones controvertidas, fundamentalmente provoca una situación mucho más incierta que la actual.

Proteger la libertad de reunión es muy imporrante y el Gobierno húngaro tiene que rendir cuentas ante el Tribunal de Derechos Humanos por violar este derecho al prohibir las protestas.

"Haremos todo lo posible para que esto suceda", señaló HCLU.