El Tribunal Constitucional de Hungría (CC), la Comisión Nacional Electoral (CNE) y la Autoridad para la Protección de Datos (APD) sirven a los intereses del gobierno, en vez de limitar sus poderes. No nos podemos regocijar en el fracaso, ya que percibimos que nuestros derechos fundamentales están siendo amenazados por su mala conducta al afectar un tema clave en la participación pública de la democracia: los comicios.

La CC ha rechazado dos denuncias distintas en el espacio de unos días. Como respuesta recurrió a razones formales y se abstuvo de comprobar los hechos. El primero fallo estuvo en contra de la regulación de pancartas propagandistas en espacios públicos. La propuesta alegaba que las limitaciones pertinentes a carteles comerciales se debería extender a carteles políticos en periodo de elecciones, por cumplir con la regulación. Estas limitaciones al ser extendidas de manera arbitraria ningunean lo que ya había sido consagrado en legislación sobre procedimiento electoral. De esta manera, alternativas y oportunidades de campaña electoral quedan seriamente restringidas, afectando directamente la habilidad del ciudadano a la hora de participar en el proceso electoral. Pero, declaró la CC, no había motivos suficientes para una revisión constitucional. Por lo tanto, el fondo del caso se quedó sin revisar.

La segunda denuncia en rechazarse estaba relacionada con el voto desde el extranjero. Alegaba que al no poder votar por correo, las condiciones eran desiguales. Esta denuncia, entre muchas similares, fue desestimada por la CC al encontrar que ninguna procedía de un votante en el extranjero. El razonamiento absurdo de la CC sostiene que el demandante no puede encontrarse afectado por esta violación ya que la legislación en cuestión le excluye de la responsabilidad de votar a distancia. Con base en estos fallos, se puede cuestionar si el principio de la igualdad ante la ley sigue vigente en Hungría.

En el tercer caso, La CNE y la APD también le dieron la espalda a los comicios. Hay razones para creer que los datos personales de los votantes están siendo vulnerados, pero la CNE decidió que no estaba a su cargo investigar quejas de abusos flagrantes de nominaciones electorales. Las denuncias estaban relacionadas con candidatos que lograban las nominaciones necesarias a través del mal uso de dichos datos. Para la DPA, el monitorización de estas quejas representaba un trabajo excesivo que podría afectar a la gestión del proceso electoral.

Las decisiones tomadas en estos foros no se pueden justificar con los plazos cortos de las elecciones. A la luz de estos comportamientos la última semana por parte de los órganos independientes del Estado húngaro, tres ONGs de derechos humanos concluyen que esto marca el fin de la restructuración del derecho público húngaro. Prácticamente todos los procesos y mecanismos legales capaces de corregir la toma de decisiones anti democráticas y mantener el estado de derecho han dejado de existir. El dejar sin resolver casos relacionados con el proceso electoral encaminado demuestra que estas instituciones prefieren cumplir con los objetivos del gobierno a proteger el constitucionalismo y los derechos fundamentales.

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Instituto de Eötvös Károly, el Comité Húngaro Helsinki y la Unión de Libertades Civiles Húngara