A principios de verano, los medios de comunicación lituanos se llenaron de titulares sobre un director de teatro que estableció unas condiciones muy inapropiadas a una actriz. El hombre ha sido acusado posteriormente de acoso sexual.
Todo empezó cuando la actriz de 23 años Erika Račkytė denunció a la policía que el director del Teatro Dramático Jouzas Miltinis, Linas Zaikauskas, intentó besarla y tocarla mientras sostenía su rostro firmemente durante el ensayo.
Según la actriz, estas desagradables experiencias ocurrían a diario en el teatro. Además de indirectas y comentarios de naturaleza sexual, el director le exigió que se acostara con él a cambio de haberle dado el papel principal.
Más adelante le amenazó con arruinar su carrera: si no cumplía sus condiciones, la despediría y se aseguraría de que no encontrara trabajo en otro lugar.
La aplicación de la ley es lenta
Sin embargo, tras recibir la denuncia, la policía decidió no investigar el caso. Le propusieron a Račkytė que lo llevara por lo privado, pues carecía de "relevancia social".
Este es el segundo caso de referencia en Lituania. Esta primavera, el Parlamento se vio sacudido por un escándalo de acoso sexual en el que un diputado acosó a dos mujeres que se presentaron a un puesto de asistentes.
Por desgracia, al igual que en el ejemplo anterior, la policía tardó en reaccionar y no estaba dispuesta a iniciar una investigación sobre el caso.
Muy pocas investigaciones
La Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres y el Código Penal del país prohíben el acoso sexual, pero en la práctica estos casos rara vez se investigan.
Solo hubo una investigación de acoso sexual en 2015 y otra en 2016. Parece que las autoridades policiales lituanas todavía no consideran que el acoso sexual sea una violación grave de los derechos humanos.
Ahora la policía tendrá que investigar
Sin embargo, parece que vienen cambios. La semana pasada, el Parlamento abolió la acusación privada por casos de acoso sexual. Hasta ahora era la propia víctima la que tenía que recopilar las pruebas y llevar el caso ante el tribunal. La enmienda transfiere la carga de la investigación y de la recopilación de pruebas a las autoridades.
En el caso del teatro, cuando la policía se negó a tomar medidas, la Defensora del Pueblo de Igualdad de Oportunidades inició su propia investigación.
Habida cuenta que el acoso sexual es una violación flagrante de los derechos humanos, emitió una advertencia al director del teatro e informó al Ministerio de Cultura sobre su decisión. El director fue posteriormente despedido.
Esperemos que ese caso, junto con los recientes cambios legislativos, alentarán a otras víctimas a que denuncien el acoso sexual o la violencia en el trabajo.