Todo lo que quería hacer el Sr. Jankovskis, un interno del Hogar Correccional Pravieniškės, era acceder a AIKOS, una página web del Ministerio de Educación y Ciencia con información sobre varios programas de estudio.
El interno quería ver sus opciones para estudiar derecho a distancia. Por desgracia, las autoridades del centro le negaron el acceso a internet, alegando que "[s]i los presos tuvieran derecho a utilizar internet, podrían proseguir con sus actividades delictivas". Esta visión fue ratificada por los tribunales lituanos.
¿Constituye el acceso a internet un derecho humano?
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hizo hincapié en que la postura de las autoridades lituanas no era razonable.
Desde el punto de vista del tribunal, Jankovskis buscaba información sobre licenciaturas que contribuirían a su rehabilitación y a su reintegración en la sociedad. El sitio en cuestión lo llevaba el Ministerio de Educación y Ciencia y no suponía por sí mismo un riesgo de seguridad. Al mismo tiempo, las autoridades de la cárcel no consideraron siquiera ofrecerle a Jankovskis al menos un acceso parcial a esta página web en concreto.
El Tribunal de Estrasburgo observó que cada vez se reconoce más claramente la importancia de internet para el disfrute de todo un abanico de derechos humanos y que el acceso a internet se entiende cada vez más como un derecho.
Para el tribunal, estos cambios reflejan la importancia de internet en la vida cotidiana, en particular dado que determinada información sólo está disponible on-line.
Esta no es la primera vez que el TEDH tiene que dictaminar sobre el derecho al acceso a internet: en el caso de Kalda contra Estonia (2016), el tribunal halló que Estonia había violado el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no permitir a un preso el acceso a la Gazette (un repositorio de legislación on-line) y a una base de datos on-line de sentencias.
Cambiar el enfoque de la rehabilitación
Ambos casos muestran que el TEDH otorga gran importancia al aspecto de rehabilitación del castigo, que también está presente en el Código Penal de la República de Lituania. El código establece que las penas no van sólo dirigidas a castigar a los delincuentes y limitar sus derechos, sino que también aspiran a "tener un impacto en las personas que han cumplido condena, para que en el futuro acaten las leyes y no vuelvan a la delincuencia".
Esto requiere que el Estado tome medidas para modernizar las instalaciones y la infraestructura carcelarias, así como un cambio de enfoque a la hora de tratar con los internos y con sus necesidades, a fin de que se conviertan en miembros productivos de la sociedad, después de haber cumplido su condena.
De lo contrario, si no nos centramos en la rehabilitación, no estamos abordando realmente los problemas relacionados con la delincuencia, sólo estamos posponiéndolos.