El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha aceptado estudiar la denuncia del diseñador Robert Kalinkin (representado por el Human Rights Monitoring Institute en este caso) con respecto a la restricción indebida de su libertad de expresión.

Multado

En los anuncios que han sido prohibidos figuraban hombres y mujeres jóvenes con ropa de la colección de Kalinkin, y eslóganes como "¡Jesús, qué pantalones!", "Querida María, ¡menudo vestido!" y "Jesús [y] María, ¡qué lleváis puesto!"

En noviembre de 2012, la Inspección de Estado de productos no alimentarios declaró que los anuncios utilizan símbolos religiosos de forma irrespetuosa e inapropiada, y por ello, se podían considerar contrarios a la moral pública.

Basándose en esto, la Agencia de Protección de los Derechos del Consumidor dictaminó que los anuncios de la colección del diseñador violaban las disposiciones de la Ley de Publicidad sobre moral pública y pusieron un multa al anunciante de 2.000 litas (579€).

Creyentes ofendidos

La empresa que organizó la campaña, Sekmadienis UAB, recurrió la multa, pero fracasó en la primera instancia. Entre otras cosas, el tribunal se basó en la carta de la Conferencia Episcopal lituana, firmada por cien creyentes que afirmaban que los anuncios ofenden su sensibilidad religiosa.

En la apelación, una cámara de tres magistrados del Tribunal Supremo Administrativo confirmó las conclusiones del tribunal de primera instancia, es decir, que los símbolos religiosos se habían utilizado de forma inapropiada en los anuncios.

De acuerdo con el tribunal, los anuncios iban claramente en contra de la moral pública, puesto que al religión constituye un cierto tipo de mirada sobre el mundo, que inevitablemente contribuye al desarrollo moral de la sociedad. Los símbolos de naturaleza religiosa ocupan un lugar significativo en el sistema espiritual de los valores de individuos y sociedad.

Siguiente parada: Estrasburgo

Karolis Liutkevičius, el abogado del Human Rights Monitoring Institute que está representando el caso en Estrasburgo, alega que la sentencia constituye una restricción excesiva de la libertad de expresión de artistas y empresas:

"Uno de los problemas fundamentales de las sentencias de las autoridades lituanas, y lo que nos ha llevado a adoptar este caso es que tienden a confundir la moral pública con la moral religiosa (en concreto, la católica)".

Según Liutkevičius, Lituania es un estado secular, y este es uno de los principios sociales fundamentales garantizados por la Constitución.

"Con este caso, queremos llamar la atención una vez más sobre este principio y, al mismo tiempo, proteger el derecho de la sociedad al discurso público y a la expresión, y que esta sea libre, colorida y sin una carga de restricciones indebidas basadas en la religión."

El gobierno de Lituania tiene hasta el 24 de enero de 2017 para presentar su respuesta a este caso.