Adolescente acusada de terrorismo multada por insultar a los fiscales

En 2009, Eglė Kusaitė, que era adolescente en ese momento, fue acusada de terrorismo y detenida. Los fiscales del caso afirmaron que Kusaitė había intentado viajar a Chechenia para cometer un atentado suicida en una instalación militar. En 2013, fue declarada culpable de conspirar un atentado terrorista y condenada a 10 meses de cárcel. Pero en 2016, el Tribunal Supremo de Lituania revocó la decisión, declaró que era inocente y que el personal de inteligencia había intentado provocarla para que cometiera un delito.

Durante el receso de una audiencia en 2012, Kusaitė hizo un comentario insultante sobre los fiscales a cargo del caso: "En mi opinión, el fiscal . . .está cometiendo crímenes. . .¿cómo pueden matar a la gente.. . .? L. y D. son criminales". El Tribunal Regional de Vilna respondió al comentario iniciando un procedimiento contra Kusaitė por insultar a los fiscales y poniéndola una multa de1.300 litas (aproximadamente 380 euros). De acuerdo con Kusaitė, la restricción de su libertad de expresión en esa situación concreta fue desproporcionada, y los tribunales nacionales no presentaron argumentos adecuados y suficientes para justificarla.

Kusaitė recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU, representada por el Human Rights Monitoring Institute (HRMI).

ACNUR declara que se restringió la libertad de expresión de la acusada

Durante el análisis del caso, el Comité observó que la penalización de Kusaitė por insultar a los fiscales constituía una restricción de su libertad de expresión. A continuación, el Comité trató de determinar si tal restricción estaba legítimamente justificada. En su dictamen, declaró que solo está permitido restringir la libertad de expresión si es necesario para respetar los derechos y la reputación de otros, o para proteger la seguridad pública, el orden público, la salud pública o la decencia pública. El Comité subrayó que la libertad de expresión no puede separarse del desarrollo personal y que es esencial para cualquier sociedad.

En opinión del Comité, los tribunales no valoraron suficientemente el hecho de que la acusada hizo estos comentarios insultantes durante un proceso penal en el que se le imputaron cargos graves. El incidente se puede considerar como "el más grave de los casos", por lo que la restricción fue desproporcionada e injustificada.