Los padres de ciudadanos que obtuvieron la ciudadanía griega a través de la naturalización presentaron quejas contra el Instituto de Seguro Social, alegando que se les había negado cobertura debido a que eran ciudadanos de terceros países. El defensor del pueblo griego envió una carta al Instituto pidiéndole que considerara aquellos que cumplen con los requisitos de la Ley del seguro social para miembros de familia protegidos y que haga valer sus derechos ante la sanidad pública.