De acuerdo con la Helsinki Foundation for Human Rights, la ley, aprobada el 30 de diciembre, amenaza la libertad de expresión y puede tener como consecuencia una pérdida importante de la imparcialidad política de los medios de comunicación públicos.

5 cambios

La ley de Medios en su formato actual cambia los procedimientos de designación y destitución de los miembros de los consejos directivos y de gestión de los medios de comunicación públicos. En concreto, las reformas incluyen:

• nombramiento y destitución de los directivos de los medios de comunicación públicos por el ministro del Hacienda;
• eliminación del procedimiento abierto, transparente y competitivo de contratación de los miembros de los consejos de dirección y gestión de los medios de comunicación públicos;
• anulación de los límites de mandato de las autoridades, ahora podrán ser destituidas en cualquier momento por el ministro de Hacienda;
• limitación del papel del Consejo Nacional de Radiodifusión (KRRiT), un órgano constitucional anteriormente responsable de la supervisión de las emisiones, del gobierno corporativo y de la contratación del personal de los medios de comunicación públicos;
• despido inmediato de los directivos actuales de la televisión y radio públicas el día que se apruebe la ley.

"Herramienta política"

La Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) ha publicado un dictamen jurídico sobre la nueva legislación que se plantea si las enmiendas cumplen con los estándares de protección de los derechos humanos. Según la HFHR, la ley propuesta refuerza la dependencia del gobierno de los directivos de los medios de comunicación públicos y es una violación del pluralismo mediático.

Como consecuencia, la autoridad directiva tendrá la capacidad de influenciar el contenido de los medios de comunicación públicos de manera que se ajusten a las opiniones de la mayoría gobernante. La declaración de la HFHR hace hincapié en que "las regulaciones propuestas son contrarias a las normas europeas fundamentales que abogan por la máxima independencia de los medios de comunicación públicos de cualquier influencia gubernamental".

"En esta declaración, queremos llamar la atención sobre el hecho de que, a pesar de declaraciones anteriores, el proyecto de ley no mejora el funcionamiento de los medios de comunicación públicos. De hecho, sólo empeorará los problemas ya existentes de funcionamiento de esas instituciones", afirmó Dorota Glowacka, abogada de la HFHR . "El proyecto de ley limitará la transparencia de los nombramientos de los cargos públicos de los medios de comunicación, e impedirá todo control social sobre ese proceso. Como resultado, la propuesta permite que el gobierno utilice los medios públicos como un instrumento político en el debate público".

La HFHR ha llamado la atención sobre el hecho de que, a pesar de la relevancia incuestionable y la gravedad de la reforma en una sociedad democrática, el proyecto de ley no se ha sometido a un debate abierto. Es más, su promulgación fue tan precipitada que fue imposible que otros órganos competentes pudieran examinarla y expresar cualquier opinión.

La HFHR también se muestra escéptica sobre el hecho de que la nueva legislación entrará en vigor el día de su anuncio.

Solo es el comienzo

El portavoz del partido Ley y Justicia (PiS), el partido que ganó las elecciones en octubre de 2015, señala que es solo el comienzo de las reformas de los medios de comunicación públicos.

El siguiente paso de los diputados será definir el papel de los medios de comunicación, con el objetivo de crear unos "medios nacionales" que lleven a cabo esa misión estatutaria.

El 31 de diciembre, los directores de todos los canales de televisión pública (TVP 1, TVP 2, TVP Info y TVP Kultura) dimitieron como protesta por las reformas.

Reacciones internacionales

La Asociación de Periodistas Europeos (AEJ) ha instado al gobierno polaco a que "evite cualquier tentación de tomar el control político total de los medios de comunicación". La organización ha publicado una carta abierta al ministro de Cultura polaco. Anteriormente, una declaración similar fue emitida por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que envió una carta al Mariscal del Sejm. La UER considera que las propuestas del PiS relativas a los medios de comunicación públicos conducirían a la pérdida de la independencia política.

Representantes de la Comisión Europea también expresaron su preocupación por el nuevo proyecto de ley de medios de comunicación públicos. Antes de que la ley fuera aprobada en el Sejm, el primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, escribió una carta sobre este asunto al ministro de Asuntos Exteriores, Witold Waszczykowski, y al de Justicia, Zbigniew Ziobro.

La semana pasada, la Comisión Europea activó su marco del Estado de derecho por primera vez, abriendo oficialmente una investigación sobre el estado de cosas en Polonia y promoviendo el diálogo para desactivar la crisis.

En una entrevista con el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, el Comisario europeo de Economía Digital y Sociedad, Günther Oettinger, dijo: "Existen muchas razones para activar el marco del Estado de derecho y para vigilar lo que está ocurriendo en Varsovia".