Todos los años se resuelven un gran número de juicios fuera de los tribunales. El Ministerio Público negocia un acuerdo con una parte que ha infringido la ley. Las grandes empresas también pueden llegar a acuerdos con los fiscales a puerta cerrada, en los llamados mega acuerdos. Según el poder judicial, esta práctica debe cesar lo antes posible. Pero, ¿por qué? Analizamos tres de las preguntas que surgen en torno a estos mega acuerdos.

¿Cuál es el problema con los mega acuerdos?

Los casos no son juzgados por un juez. Todas las personas en el país deben cumplir con la ley. Si se sospecha que alguien ha cometido un delito, el juez debe determinar si es culpable y, en caso afirmativo, cuál debe ser su castigo. Esto se realiza de forma pública, para que la sociedad pueda ver cuáles son las consecuencias de una conducta delictiva.

La sociedad tiene tener la garantía de que si se infringe la ley, quien lo haga está sujeto al debido proceso legal, con una investigación policial, un proceso judicial y una sentencia de un tribunal. Si se margina a los jueces y los acuerdos se realizan en privado, se pierde la transparencia, lo que va en detrimento de la confianza en el Estado de derecho.

¿Gestiona la fiscalía los casos de forma profesional?

Los fiscales trabajan con integridad y profesionalismo para llegar a un acuerdo, pero los jueces deberían poder comprobar la idoneidad de estos acuerdos. En los casos que tienen un impacto importante sobre la sociedad, es importante que esta pueda comprobar cuál es la acción que se toma y qué consecuencias tiene el comportamiento punible. Sin embargo, si los fiscales resuelven casos penales de gran envergadura con transacciones, esto resulta complicado.

¿Qué tiene que cambiar?

Los fiscales han estado asumiendo más funciones debido a que el sistema de justicia penal a veces es lento y los casos pueden tardar mucho tiempo en llegar a los tribunales. Por ello, los legisladores han transferido más autoridad a los fiscales. Sin embargo, las cosas tienen que cambiar. En lugar de resolver cada vez más casos fuera de los tribunales, es hora de que se mejore todo el sistema de justicia penal de modo que no se deje de lado a los jueces penales. Los ciudadanos tienen derecho a un sistema jurídico que funcione correctamente. Solo entonces los jueces podrán cumplir la función que les asigna el Estado de derecho: evaluar, juzgar y, por ende, penalizar de forma adecuada y transparente