La asociación Constituent se unió a la Liga de Derechos Humanos y otras ONG para que el Tribunal Constitucional reconozca la violación constitucional que supone la Ley de consentimiento en el Pacto Fiscal (oficialmente, el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la Unión Económica y Monetaria), ha sido aprobado por el Parlamento belga. Un litigio de acción colectiva se está gestionando en reacción, que pondrá en entredicho la posibilidad de la aplicación de dicha legislación a la luz de su incompatibilidad con el progreso y los derechos económicos, sociales y culturales.