Tras años de espera, mujeres esterilizadas ilegalmente finalmente podrán recibir indemnización del Gobierno checo. El ministro para Derechos Humanos Jiří Dienstbier, en cooperación con el Comité Helsinki Checo, está preparando un proyecto de ley que concederá a estas mujeres restitución financiera que oscilan entre 3.500 y 5.000 euros.
"El objetivo es compensar una interferencia grave por parte del Estado en la integridad física de las víctimas, que se llevó a cabo sin su consentimiento," dijo la portavoz del Sr. Dienstbier, Jarmila Balážová. La forma específica del proyecto de ley aún está por desarrollarse en colaboración con otros ministerios.
"El buen nombre de la República Checa"
La directora del Comité Helsinki Checa Lucie Rybová y Elena Gorolová de la Asociación de Mujeres Afectadas por la Esterilización estiman que unas mil mujeres podrían solicitar la compensación.
"También es una cuestión de preservar el buen nombre de la República Checa y debe enfrentar este problema con dignidad," dijo el Sr. Dienstbier en febrero.
El Consejo de Gobierno para los Derechos Humanos recomendó al gobierno en febrero de 2012compensar financieramente la esterilización ilegal de mujeres. El Consejo instó a los ministros de finanzas, trabajo y asuntos sociales, justicia y salud a presentar una propuesta de compensación para el 31 de diciembre de 2013. El gobierno del primer ministro Petr Nečas no cumplieron con la fecha limite, ya que su mandato acabó prematuramente tras su dimisión en el 2013.
Hace dos años, el Consejo de Gobierno para los Derechos Humanos propuso que cada mujer esterilizada ilegalmente debería recibir unos 3.500 euros. La compensación está disponible para las mujeres esterilizadas entre 1972-1991, periodo en el cual un decreto fue implementado que imponía una compensación con un tope de 10.000 coronas checas (unos 350 euros) para estas víctimas.
Romaníes como objetivo
El Comité Helsinki Checo, que ya ha preparado un proyecto de ley similar el pasado diciembre, ha hecho un llamado a todas las mujeres afectadas a través de su página web, aunque sólo una pocas han contestado.
Una compensación fue propuesta anteriormente por el Defensor del Pueblo Otakar Motejl en 2005, a quien unas noventa mujeres presentaron quejas. El gobierno de Jan Fischer emitió una disculpa a estas mujeres en 2009.
La situación ha sido fuertemente condenada por el Centro Europeo de Derechos Romaníes, ya que el programa de esterilización iba dirigido a mujeres de etnia romaní como una forma de controlar la natalidad de la minoría gitana del país.
Desde un punto de vista penal, la mayoría de los casos ya han superado la limitación estatuaria para este delito.
