El señor P. y su hija visitaron al dentista en el otoño de 2011. Ambos sufrían de dolores dentales agudos y su dentista anterior acababa de jubilarse.
En la relación por teléfono no hubo contratiempos: concertar la cita no fue un problema. La cosa cambió cuando el señor P. y su hija llegaron a la consulta.
Discriminación dental
En cuanto la dentista vio que ambos eran romanís, rehusó atenderlos y hasta negó haber concertado la cita por teléfono.
"Vio a unas personas romanís en la sala de espera y enseguida nos espetó: '¿Qué hacéis aquí?'. Me sentí realmente avergonzado porque aquello era, en mi opinión, una conducta totalmente inapropiada", dice el señor P.
La dentista trató de justificarse primero diciendo que tenía la agenda completa, después afirmando que trataba únicamente a niños y, finalmente, que estaba a punto de jubilarse.
En contra de todas sus afirmaciones, sin embargo, su sitio web admitía nuevos pacientes. También es significativo el hecho de que la hija del señor P. era una niña en el momento del incidente .
"Así que le dije: '¿Es usted doctora o no?' Ella respondió que era doctora, pero que no trataba a adultos, solo a niños. Y yo le dije: "Perdone, ¿dónde están los niños? No veo más que a adultos aquí'. ¡Realmente, no había ni un solo niño en la sala de espera! " explicó el señor P.
Prueba de situación
El señor P. buscó la ayuda de la organización IQ Roma Servis. Acordaron hacer algunas pruebas de situación, que es un método para detectar y probar la discriminación.
La señora P. concertó una cita por teléfono y acudió a la misma en la fecha prevista. Sin embargo, la situación se repitió. Cuando llegó a la consulta, la dentista dijo que estaba todo lleno y no podía admitir nuevos pacientes.
Poco después, un empleado no romaní de IQRS intentó ser admitido en la consulta de la dentista y entonces todo transcurrió sin problemas, a pesar de que el empleado se había presentado para ser atendido sin cita previa. Esto confirmó que la dentista practicaba un trato desigual.
Disculpas por orden judicial
Siguieron quejas y propuestas dirigidas a las autoridades responsables de la asistencia sanitaria, pero estas, una vez más, escondieron el caso bajo la alfombra. La dentista negó repetidamente haber tenido ningún comportamiento contrario a la ética.
Cuando el caso finalmente fue a los tribunales, la dentista confesó, en vista de la contundencia de las pruebas en su contra, que efectivamente había cometido discriminación.
La demandada fue condenada a pagar una multa de 30.000 coronas checas en total por daños personales a la pareja. También envió una disculpa por escrito, en la que reconoció que "su conducta había sido ilegal e incorrecta, porque los romanís también son personas y tienen derecho a ser atendidos como todo el mundo".