La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR por sus siglas en inglés) y el Foro para los Derechos Humanos han presentado un amicus curiae al Tribunal de Estrasburgo en un caso presentado contra Rumania de un estudiante con necesidades educativas especiales. El informe hace hincapié en que los estudiantes con discapacidades se enfrentan a muchas dificultades a la hora de ejercer su derecho a la educación, no solo en Rumania sino en toda Europa.

El denunciante acosado por sus compañeros, profesores y el director.

El caso M. C. c. Rumania se refiere a un niño al que le diagnosticaron necesidades educativas especiales (entre ellas trastorno negativista desafiante) que afirma que fue acosado en su colegio debido a su discapacidad. El solicitante presuntamente fue víctima de intimidación por parte de otros estudiantes, pero también de profesores y del director del colegio.

Inicialmente, gracias a la cooperación entre el colegio y una organización no gubernamental, fue posible desarrollar un modelo que apoyara al niño de forma eficaz. Pero cuando el colegio dejó de trabajar con la ONG la situación cambió: el plan de apoyo individual se interrumpió y el comportamiento negativo de los estudiantes y profesores se intensificó. El denunciante también se quejó de que el colegio no proporcionó un ambiente que apoyara sus necesidades educativas específicas por lo que se vio forzado a trasladarse a una institución privada donde continuó su educación y recibió un apoyo adecuado y personalizado.

Los progenitores del denunciante iniciaron una serie de procedimientos administrativos y civiles, pero sus reclamaciones y denuncias fueron desestimadas. Aunque el director fue acusado y condenado por maltrato al estudiante en un proceso penal.

Los Estados de la UE deberían proporcionar una educación inclusiva a las personas con discapacidad

La denuncia presentada ante el Tribunal plantea una serie de reclamos, pero el amicus curiae se centra en la cuestión del derecho a la educación, que está protegido por el Artículo 2 del Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El informe del amicus curiae incide en que la aplicación del derecho a la educación en el caso M.C. debe considerarse a la luz del Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a garantizar un sistema educativo inclusivo que permita la integración de las personas con discapacidad en todos los niveles de la educación. La Convención prohíbe asimismo la discriminación contra las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la educación y señala la necesidad de garantizar ajustes razonables para estas en el curso de su educación.

El informe describe cómo funcionan los sistemas educativos en Polonia, República Checa y Eslovaquia para estudiantes con discapacidades. En estos países, todavía existen muchos obstáculos y trabas que dificultan el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Las organizaciones también han hecho referencia a la evidencia científica que demuestra que los estudiantes con discapacidad son particularmente vulnerables a la violencia y el acoso en la escuela, lo que puede obstaculizar su derecho a la educación.

En el caso M.C. c. Rumania, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá la oportunidad de reforzar el nivel de protección de los derechos de las personas con discapacidad, lo que podrá generar un impacto en otros países europeos más allá de Rumanía, entre ellos, en Polonia.