De acuerdo con la ley italiana, las presas con hijos pueden mantenerlos con ellas hasta que cumplan 3 años de edad. Después de eso, los niños tienen que abandonar la prisión y se les confía al cuidado del otro progenitor, un familiar o, como último recurso, los servicios sociales. Esta disposición, garantiza por un lado, el derecho a que las mujeres presas que tienen hijos puedan ejercer su maternidad y el derecho de los niños a crecer, al menos los primeros años de su vida, junto a sus madres, pero, por otro lado, implica que los niños afectados tiene que pasar una edad muy delicada para su formación en el ambiente insalubre de la prisión.

¿Cómo son las cosas en la práctica?

A día de hoy, 60 niños de entre 0 y 3 años viven en las cárceles de Italia. Sin embargo, rara vez escuchamos noticias de ellos. Recientemente, salió en los medios una noticia sobre un bebé de un año que vivía en la cárcel de Messina con su madre y estuvo a punto de morir al comer accidentalmente veneno para ratas. Al parecer, la cárcel estaba infestada de ratones y un funcionario de prisiones decidió colocar veneno en el módulo donde viven las madres con sus hijos. Este es un ejemplo extremo, pero ilustra el peligro y, en general, las inapropiadas condiciones en las que algunos niños pasan sus primeros años de vida.

Para evitar esta situación, varias asociaciones de voluntarios, junto con instituciones políticas y judiciales, trabajaron duro durante varios años para buscar alternativas para que los niños pudieran mantener esa relación con sus progenitores sin pasar por el encarcelamiento. Gracias a ello, en 2001 se aprobó la llamada Ley 8 de marzo, que modificó algunas partes del reglamento anterior y favoreció la introducción de nuevos mecanismos para facilitar el acceso a medidas alternativas para mujeres reclusas con niños pequeños.

Sin embargo, solo algunas presas pueden acceder a las medidas alternativas previstas por la ley, en concreto, las mujeres que no presentan ningún riesgo de reincidencia y que pueden demostrar la posibilidad real de restablecer la convivencia con sus hijos. Es decir, esas condiciones excluyen a todas las mujeres marginadas de la sociedad, como a las mujeres que están presas por delitos relacionados con drogas. Además, el arresto domiciliario es una alternativa que no está disponible para las mujeres extranjeras que no tienen una residencia fija y cuyo destino, junto con el de sus hijos, inevitablemente acaba confinado a una celda de prisión.

El camino a seguir

En 2011 se introdujo una nueva reforma. Esta nueva ley preveía la posibilidad, salvo en los casos en que la custodia se considera absolutamente necesaria, de que las mujeres con hijos cumplan su pena en un Instituto de Custodia Atenuada para detenidas Madres (ICAM).Allí pueden vivir con sus hijos hasta la edad de seis años. También existen las llamadas Casas Familiares Protegidas, donde las mujeres que no tienen un domicilio fijo pueden cumplir condenas de arresto domiciliario.

Los ICAM son instalaciones penitenciarias establecidas en 2007 de forma experimental. Están diseñadas para que no parezcan cárceles tradicionales: los funcionarios visten ropa normal, los sistemas de seguridad no son reconocibles para los niños y las estructuras parecen entornos familiares. Sin embargo, al margen de su apariencia, los ICAM son estructuras de confinamiento, no alternativas a la detención. A menudo se encuentran cerca de la cárcel real y lejos del tejido de la ciudad. A pesar de que no tienen el aspecto de una cárcel normal, siguen siendo lugares diseñados para que la gente no pueda salir.

Casas Familiares Protegidas

Una alternativa válida son las Casas Familiares Protegidas. Pisos reales, sin barrotes ni portones, integrados en el tejido urbano, con parques e instalaciones para actividades educativas, tratamiento médico y para recibir visitas de otros familiares. En una Casa Familiar Protegida, las presas tienen más oportunidades de poder ejercer de madres. Por ejemplo, pueden llevar a sus hijos al cole y jugar con ellos en un jardín al aire libre.

La ley de 2011, sin embargo, no proporciona ningún financiamiento para las Casas Familiares Protegidas, que, a diferencia de los ICAM, no están bajo la dirección de la administración penitenciaria y tienen que ser administradas por las autoridades locales.

A día de hoy, solo existe una Casa Familiar Protegida, se abrió en Roma en julio de 2017. Si se establecieran otras cinco o seis casas, todos los niños que actualmente viven en la cárcel en Italia podrían vivir con sus madres en estructuras más adecuadas a sus necesidades. En este momento, sin embargo, parece un horizonte todavía lejano.