El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado una declaración unilateral del gobierno polaco y decidió atacar desde su registro el caso de un menor de edad víctima de una violación en grupo que alegaba que el manejo de su caso por parte del gobierno violó sus derechos humanos.

La víctima tenía 14 años cuando fue atacada por tres de sus compañeros de clase de la escuela secundaria. En 2011, un tribunal de familia declaró culpables a los agresores menores de edad y los condenó a una institución para delincuentes juveniles, pero suspendió la ejecución de sus condenas y les dejó en libertad provisional. Durante la libertad provisional, fueron admitidos en un programa de reinserción de puertas abiertas.

Durante el proceso de instrucción del caso se cometieron un gran número de errores, pero, como se rigió por los procedimientos de la justicia de menores, la víctima puedo tener solo una vos limitada en el caso y no pudo recurrir. La víctima menor prestó declaración tres veces ante el tribunal de familia y fue interpelada de manera inapropiada, teniendo en cuenta su edad y las circunstancias del crimen.

La niña y su madre presentaron una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos, sosteniendo que el proceso había violado una serie de derechos que les asisten. Alegaron que había habido violación de la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes (artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos), violación del derecho a la vida privada (artículo 8) y la incapacidad de recurrir las sentencias de forma efectiva (artículo 13).

Declaración unilateral

Dentro del procedimiento ante el Tribunal de Derechos Humanos, el gobierno polaco hizo pública una declaración unilateral en la que admitió las violaciones y accedió a pagar a la demandante 10.000 € como compensación por daños morales. De conformidad con el procedimiento del Tribunal de Estrasburgo, la presentación de una declaración unilateral puede resultar en la eliminación de un caso de la lista de casos. En respuesta a la comunicación del Gobierno, los demandantes solicitaron al Tribunal que dictara un juicio.

El TEDH aceptó la declaración del gobierno y retiró el caso de su lista de casos pendientes en enero de 2015.

Esta práctica no es infrecuente. Cada vez con mayor frecuencia, el gobierno polaco elige la opción de terminar los casos ante el TEDH mediante una declaración unilateral, poniendo así fin a los casos antes de que se sienten precedentes importantes. Si este último caso hubiera concluido con una sentencia, habría sido de vital importancia para definir el alcance exacto de los derechos de las víctimas en los procesos judiciales contra menores.

Los abogados defensores Małgorzata Surdek y Adam Jodkowski del bufete CMS Cameron McKenna, representan a la víctima pro bono. La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos está estudiando el caso.