Si la vigilancia y la prevención deben adaptarse al complejo contexto actual, el gobierno belga debe asumir la responsabilidad de cumplir con la necesidad legítima de seguridad de su población.
Es igualmente importante que estas medidas no afecten de forma desproporcionada las libertades de los ciudadanos perjudicando los derechos y principios básicos y las garantías del Estado de derecho.
En este sentido, las medidas antiterroristas adoptadas por el Parlamento no se adecuan del todo a este complejo equilibrio. Analicemos las tres medidas que acaban de ser aprobadas.
Ampliación de la lista de delitos de terrorismo
El Parlamento ha creado nuevos delitos penales, especialmente para penalizar a personas que entren o salgan de Bélgica con intención de participar en actos terroristas. Estos nuevos delitos, sin embargo, parecen responder más a una pose de comunicación política que a una necesidad real de política penal.
Efectivamente, como señala el Consejo de Estado, no parece que estos delitos vayan a añadir un valor adicional a la guerra contra el terrorismo, pues estas conductas ya están incluidas en otros delitos penales (pertenencia a un grupo, reclutamiento, provocación, etc.)
Ampliación de los casos de retirada de nacionalidad a personas que regresan de combatir en Oriente Medio
Este medida probablemente es la peor respuesta imaginable, por dos razones fundamentales. La primera, porque corre el riesgo de crear dos categorías de ciudadanos belgas: aquellos que tienen garantizada una ciudadanía para siempre y aquellos que pueden perderla en cualquier momento.
Esta medida va contra el llamamiento que hace el gobierno a la "convivencia". Crea una división, un trato no igualitario hacia los ciudadanos basándose en su origen y convierte a estos "nuevos belgas" en ciudadanos de segunda clase.
Esta medida no favorece la inclusión de nuevos belgas y niños que han nacido en Bélgica cuando sus padres son extranjeros o residentes por un periodo corto. Por ello, es una medida particularmente excluyente, además de inútil y abusiva pues no afecta apenas a ninguna de las personas que han viajado a Oriente Medio a combatir.
La segunda, y este es un punto en el que LDH ha suscrito la opinión de jueces especializados en la lucha contra el terrorismo, porque la retirada de la nacionalidad es contraproducente en el contexto de una lucha efectiva contra el terrorismo. Esta medida impedirá que una persona que todavía pueda reinsertarse en nuestra sociedad vuelva, pero no impedirá que alguien que tiene intención de cometer un acto terrorista regrese a nuestro país. Al contrario, este último grupo de personas, que constituyen un peligro real para la seguridad de los ciudadanos, desaparecerán más fácilmente y será mucho más difícil vigilar o interceptar a estos individuos. Esto demuestra que el gobierno belga está más interesado en hacer una campaña comunicativa que en luchar contra el terrorismo.
Retirada de los documentos de identidad
La Liga Belga por los Derechos Humanos (LDH) insiste en que estas medidas deben respetar los derechos de las personas y los procedimientos legales. Es decir, mientras el gobierno contempla que estas medidas puedan ser adoptadas por los ministerios de Seguridad e Interior bajo advertencia del OCAM (Órgano de Coordinación para el Análisis de las Amenazas, que define los niveles de alerta terrorista en el territorio belga), la LDH considera que siempre deben estar precedidas del control previo de un juez independiente e imparcial y seguidas de un control posterior que posibilite el derecho a recurrir para valorar la legitimidad de la decisión.
Este procedimiento judicial también debe tener en cuenta la cualidad mayor o menor del ciudadano afectado. Desde ese punto de vista, no resulta satisfactoria la ausencia de cualquier referencia al proceso judicial en el texto adoptado por el Parlamento.
Este contexto complejo no debe en ningún caso permitir una mayor ampliación de la derogación indiscriminada del derecho común. El Parlamento debería retomar la esperada evaluación de las leyes antiterroristas nacionales.