El régimen de Viktor Orban ha intensificado su ataque contra las organizaciones de la sociedad civil en Hungría con un nuevo paquete legislativo que pretende silenciar una de las pocas voces críticas que quedan contra el gobierno.
Desde 2013, el gobierno ha llevando a cabo una campaña para eliminar todas las voces de oposición. Orbán ha abarrotado los tribunales del país de jueces y funcionarios leales a su régimen. Los medios de comunicación públicos se han acabado convirtiendo en una máquina de propaganda gubernamental. Y ahora las organizaciones que defienden las libertades civiles están en el punto de mira.
Sin supervisión judicial
El nuevo paquete legislativo es un intento de silenciar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) restringiendo su financiación y la libertad para llevar a cabo su trabajo. Una de las propuestas incluidas en el paquete exige que las asociaciones y fundaciones que trabajan cuestiones relacionadas con la migración tengan que obtener una autorización gubernamental y se sometan a un examen de seguridad nacional. Cualquier organización que no cumpla los requisitos corre el riesgo de obtener una sanción económica grave, la retirada de su identificación fiscal o incluso el cierre.
De acuerdo con el proyecto de ley, el ministro del Interior es el encargado de decidir qué organizaciones deberían ser penalizadas. No existe una supervisión judicial minuciosa de la decisión del ministro; cuando se deniega la autorización, la organización afectada solo puede presentar un recurso en los tribunales por una violación sustancial de las reglas de procedimiento. Además, incluso cuando realiza esta actividad con autorización, la ley impondría un impuesto de penalización a la organización.
Ataque a los derechos fundamentales por razones políticas
La propuesta legislativa supone que en ciertos ámbitos existirá una prohibición de ejercer los derechos fundamentales y de proteger los derechos humanos. Es decir, que acciones como expresar una opinión, informar a otros, trabajar con voluntarios o representar los intereses de otros, que pueden realizarse libremente sobre la base de los derechos fundamentales, quedarían sujetas a autorización.
"Todo esto muestra claramente lo que realmente se nos viene encima: una propuesta legislativa motivada únicamente por intereses políticos partidistas que utiliza prohibiciones y mentiras para enfrentara la disidencia", señala la Unión Húngara por las Libertades Civiles, organización miembro de Liberties, en una declaración posterior a la presentación del proyecto de ley.
La nueva propuesta legislativa representa una continuación de la ley anti-ONG. Esta ley exige que las organizaciones que reciben más de 7.2 millones de HUF al año (aproximadamente 24.000 euros) de fondos extranjeros tengan que registrarse como organizaciones financiadas desde el extranjero y lo indiquen en sus páginas web y publicaciones.
