Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha presentado un caso contra el gobierno neerlandés debido a su utilización del sistema SyRI, un sistema que rastrea perfiles de personas a escala masiva buscando perfiles de riesgo a base de recopilar y analizar datos de los ciudadanos. La demanda tiene como objetivo detener esta práctica que corre el riesgo de realizar perfiles de ciudadanos sobre los cuáles no hay ninguna base de sospecha previa.

La coalición está compuesta por la organización miembro de Liberties, el Comité Neerlandés de Juristas por los Derechos Humanos (NJCM), la Fundación Privacy First, la Fundación KDVP y la Fundación Civil Rights Protection Fund.

Además, también se ha sumado como co-demandantes, el autor Tommy Wieringa, que actuará como embajador de la campaña pública, y el publicista y filósofo Maxim Februari. El procedimiento, que inició PILP, el Proyecto de Litigios de de Interés Público de NJCM, lo lleva el gabinete jurídico Deikwijs Attorneys.

¿Cómo funciona el SyRI?

El SyRI, (abreviatura para "System Risk Indication", sistema de indicación de riesgo) es un sistema del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo que recoge los datos personales de los ciudadanos para analizarlos a gran escala. Utiliza algoritmos secretos para hacer análisis de riesgo de los ciudadanos, y cuando percibe un riesgo de que un ciudadano viole una de las muchas leyes que cubre SyRI, se le incluye en el Registro de Informes de Riesgo, al que tienen acceso muchas agencias gubernamentales.

Todos los ciudadanos pueden ser sometidos secretamente a un perfil en SyRI, él o ella no sabrá qué datos o proceso de análisis se utilizó para determinar que supone un "riesgo". Sin embargo, SyRI puede tener consecuencias drásticas. Las autoridades públicas pueden tomar medidas serias como resultado de un informe de riesgo, por ejemplo, imponer una multa, retirar una prestación o iniciar un proceso penal. Sin embargo, es imposible que un ciudadano averigüe cómo se generó el informe o que pueda refutar un informe incorrecto. En la práctica, esto equivale a una inversión de la carga de la prueba.

Amenaza para el Estado de derecho

La aplicación del SyRI constituye una violación de los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a un juicio justo, que no se puede justificar por el interés general de combatir el fraude. El gobierno utiliza información confidencial para fines distintos de por los que fue recopilada, sin que exista ningún tipo de supervisión, como tampoco existen suficientes garantías para evitar que los perfiles de riesgo que realiza el SyRI sobre los ciudadanos sean empleados en otros terrenos.

Esta 'caja negra' plantea un importante riesgo para el Estado de derecho democrático. El poder que tiene el gobierno sobre la información se extiende de manera opaca y la relación de confianza entre el gobierno y los ciudadanos se ve socavada. Los ciudadanos acaban convirtiéndose en sospechosos de antemano y prácticamente toda la información que comparten con el gobierno puede ser utilizada en su contra sin necesidad de que exista ninguna sospecha o causa concreta.

Se ignoran las objeciones fundamentales

A pesar de las objeciones fundamentales del Consejo de Estado y la Agencia Neerlandesa de Protección de Datos sobre la legalidad del sistema, la legislación para SyRI fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes sin mucha discusión.

Desde que se introdujo a finales de 2014, miles de ciudadanos han sido perfilados por el sistema en dos proyectos SyRI. y eso sin contar los 21 proyectos que tuvieron lugar antes de que se introdujera legalmente el sistema.

Conflicto con las normas de derechos humanos

La coalición señala que el SyRI está en conflicto con el derecho a la privacidad según lo establecido en el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno neerlandés viola claramente esta ley pues el SyRI no se utiliza como prueba para las actuaciones del gobierno, sino que se utiliza incorrectamente para extender los poderes.

Los Estados miembros han incorporado todo tipo de excepciones en la nueva Ley de privacidad europea que hace que sistemas como el SyRI sean posibles. Al apelar a los derechos fundamentales, la coalición espera parar este tipo de prácticas.