La Ley electoral prohíbe que las personas o entidades que hagan trabajo "político" reciban donaciones del extranjero, donaciones anónimas superiores a 100 euros o donaciones de más de 2.500 euros de cualquier fuente. En los últimos años, la Comisión de Normas en la Función Pública (SIPOC), encargado de garantizar el cumplimiento de esta ley, ha interpretando la palabra "política" ampliamente, abarcando también el trabajo de incidencia política de la sociedad civil.
A pesar de que Irlanda tiene un fuerte historial en materia de derechos humanos y ha desempeñado un papel destacado en el ámbito internacional en la defensa de la libertad de la sociedad civil, su propia legislación nacional presenta ahora dificultades para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el país.
Durante el último año, la Ley electoral se ha utilizado contra organizaciones que trabajan cuestiones de igualdad, como la igualdad de acceso a la educación y los derechos reproductivos, y en algunos casos ha contribuido a su cierre.
SIPOC dispone de un mecanismo de denuncia que puede ser objeto de abusos por parte de quienes se oponen a la labor de algunas organizaciones, especialemnet debido a que la interpretación de la Ley electoral por parte de SIPOC y su forma de aplicarla no es clara.
Amenaza de procesos judiciales
Amnistía Internacional Irlanda llevó recientemente a SIPOC ante los tribunales porque les pidieron que devolvieran una subvención de Open Society Foundations para su campaña My Body, My Rights. Finalmente SIPOC aceptó que no había seguido un procedimiento justo en el caso.
Sin embargo, otras organizaciones más pequeñas no han podido recurrir y luchar como Amnistía.
En 2017, Education Equality, una pequeña organización de voluntarios que trabaja por la igualdad de acceso a la educación para niños de todos los contextos religiosos, se vio obligada a devolver 5.500 euros que había recibido de la Asociación Humanista de Irlanda, y ya no puede aceptar donaciones superiores a 100 euros.
April Duff, asesora jurídica de Education Equality señaló el impacto que esto tuvo en la organización: "La correspondencia [con SIPOC] perjudicó enormemente el trabajo que se suponía que debíamos estar haciendo. Todos éramos voluntarios y tuvimos que dedicar una cantidad de tiempo y recursos enorme para decidir cómo actuar y defender que creíamos que deberíamos poder mantener nuestra financiación. Los correos electrónicos de SIPOC se referían continuamente al hecho de que en virtud de la legislación negarse a cumplir con lo que nos pedían constituía un delito, lo que nos colocaba en una posición difícil: éramos un grupo de voluntarios amenazados constantemente con un proceso judicial".
EQUATE, otra organización que trabaja por la igualdad de acceso a la educación, fue objeto de una campaña continua de denuncias de partidos que se oponen a su trabajo. La intensidad con la que SIPOC persiguó a EQUATE y la incertidumbre que les generaron sobre las consecuencias que podría tener, hicieron que finalmente EQUATE redujera su actividad a finales de 2017.
SIPOC nunca aclaró sus procedimientos a EQUATE; su correspondencia simplemente les exigía que respondiera a las denuncias, a la vez que les recordaba las sanciones penales previstas en la Ley electoral.
Los documentos publicados en virtud de la Ley de libertad de información muestran que un miembro del personal de SIPOC estaba en contacto permanente con uno de los denunciantes, un abogado que trabajaba para la Iglesia de Irlanda. En ese momento, EQUATE estaba tratando de enmendar la legislación sobre admisiones escolares - la llamada barrera del bautismo y la Iglesia de Irlanda a su vez trataba de bloquear su trabajo. SIPOC informó a esta persona de sus relaciones con EQUATE y de la toma de decisiones internas de EQUATE. El registro también muestran que en marzo y mayo de 2017, SIPOC informó a EQUATE de que no había pruebas que sustentaran las denuncias contra ellos.
No obstante, en julio de 2017, SIPOC se puso en contacto con el principal financiador (irlandés) de EQUATE, solicitando información y una reunión para discutir si estaban involucrados en actividades prohibidas por la ley.
Impacto "muy real"
En un principio, el objetivo de la Ley electoral era impedir que actores extranjeros pudieran ejercer una influencia indebida en las elecciones irlandesas. Desde esta perspectiva, resulta impensable que organizaciones como EQUATE o Education Equality, financiadas por donantes irlandeses y cuyo trabajo consiste en garantizar el derecho a la educación de todos los niños irlandeses, sean objeto de esta ley.
Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido. La ley ha sido utilizada de forma abusiva hasta tal punto que como consecuencia, los niños de creencias minoritarias en Irlanda han perdido prácticamente a dos de sus defensores más efectivos.
Las personas que se oponen a la igualdad y a los derechos humanos también pueden abusar de la legislación de otras formas, incluso cuando SIPOC no hace un seguimiento de sus denuncias.
El año pasado, mientras el Irish Council for Civil Liberties (ICCL) [Consejo Irlandés para las Libertades Civiles] hacía una campaña pública sobre los derechos reproductivos, una persona que afirmaba ser periodista se puso en contacto con varios de sus financiadores, acusándolos de participar en actividades ilegales en virtud de la Ley electoral. No se inició ninguna investigación, pero ICCL se vio obligada a buscar asesoramiento jurídico y sus acuerdos de financiación se vieron amenazados.
ICCL ha observado que, durante los últimos años, SIPOC ha estado interpretando la ley de forma más amplia, de modo que puede apuntar a organizaciones más grandes como ICCL y Amnistía, que reciben financiación internacional, pero también a organizaciones pequeñas que son financiadas por donantes irlandeses y que a menudo trabajan de forma voluntaria.
Este enfoque entra en conflicto directo con el papel de liderazgo que desempeña Irlanda en Naciones Unidas en defensa de la libertad de la sociedad civil, como por ejemplo recientemente con su defensa de una resolución sobre la sociedad civil en el 38º Consejo de Derechos Humanos.
El director de ICCL, Liam Herrick, afirmóo: "Estamos seguros de que los legisladores irlandeses no pretendían que la ley tuviera efectos tan graves sobre la sociedad civil, pero el impacto que estamos experimentando es muy real".
¿Qué viene ahora?
ICCL lidera la Coalition for Civil Society Freedom [Coalición para la Libertad de la Sociedad Civil], que también está integrada por Transparency International Ireland, Amnistía Internacional Irlanda, Front Line Defenders, The Wheel (el órgano representativo de la comunidad irlandesa y del sector voluntario) y la plataforma de campañas Uplift. Juntas han redactado una alternativa para la Ley electoral que fue presentada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en Dublín.
También han preparado una carta abierta al primer ministro irlandés exigiendo la reforma de la Ley electoral.
