El Centro de Defensa de Personas con Discapacidad Mental, el Centro Europeo de Derechos de los Romanís (ERRC por sus siglas en inglés) y el Foro por los Derechos Humanos han presentado una denuncia conjunta al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que forma parte del Consejo de Europa, para pedir el cierre de los centros para menores de tres años.

Se insta al CEDS que aumente la presión

La institucionalización tiene efectos negativos a largo plazo en el desarrollo físico y emocional de los niños pequeños. Sin embargo, República Checa es uno de los últimos países de Europa que permite largas estancias de menores en instituciones del Estado.

Los menores romanís y los niños con discapacidades abundan considerablemente en este tipo de instituciones. Profesionales, activistas y organizaciones no gubernamentales llevan años presionando a las autoridades con el fin de eliminar estos centros para menores de tres años.

Con esta nueva denuncia, que se ampara en el artículo 17 de la Carta Social Europea (que garantiza el derecho a la protección económica y social de los menores y a la prestación de servicios adecuados), se pide al CEDS que intervenga y presione a República Checa para que cierren estas instituciones.

Todos los niños tienen derecho a que se les proporcione atención y cuidado en sus propias familias o en otro entorno familiar alternativo.

"Los menores deben ser una prioridad"

Profesionales en el campo de los derechos de los menores y en los derechos de las personas discapacitadas han dado su opinión sobre la situación de República Checa, donde la institucionalización discriminatoria de los niños romanís y de los discapacitados ha sido una lacra para la reputación del país desde hace un tiempo.

"Los niños que viven en centros tienen que convivir con el aislamiento social, la falta de estimulación del entorno y la pérdida de control sobre distintos aspectos de su vida diaria, por no hablar del maltrato y el abandono. Todo ello puede tener efectos profundamente negativos para el resto de sus vidas, especialmente cuando los niños están en estos centros desde tan pequeños. La situación en República Checa no se puede considerar apropiada según el artículo 17 de la Carta", dijo Steven Allen, director ejecutivo interino del Centro de Defensa de Personas con Discapacidad Mental.

"Todos los niños son vulnerables al daño causado por el efecto de la institucionalización, pero una vez más, los niños romanís se ven afectados de manera desproporcionada en República Checa", dijo el presidente de ERRC Đorđe Jovanović. "La segregación empieza muy pronto para los romanís aquí. Los datos oficiales muestran que hay un mayor número de ellos y de niños con discapacidades en estas instituciones".

"Confiamos en que tras años de discusiones con el Gobierno, gracias a esta denuncia colectiva el fin de la institucionalización para los menores en República Checa se convierta en una prioridad política", subrayó Tereza Bártová, abogada del Foro para los Derechos Humanos.