En cuestión de dos días han salido a la luz pronunciamientos de dos organismos internacionales de protección de los derechos humanos llamando la atención sobre los déficits en la lucha contra el racismo. El lunes 26 de febrero tuvo lugar la declaración pública del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU tras finalizar su visita oficial a España. Un día más tarde se publicó el quinto informe periódico sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), organismo perteneciente al Consejo de Europa.

En ambos informes se recrimina al Estado español que la policía siga practicando identificaciones de manera discriminatoria y arbitraria, en las que los agentes de policía se basan en el color de la piel u origen étnico de las personas y no en criterios objetivos relacionados con la sospecha razonable de la comisión de un delito. Estas prácticas continúan teniendo lugar en nuestro país pese a que a Ley de Seguridad Ciudadana estableciese en 2015 que las identificaciones debían respetar el principio de proporcionalidad, igualdad de trato y de no discriminación.

Un problema 'endémico'

La ECRI es contundente en su informe y afirma que “la elaboración de perfiles según la raza por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley es un problema continuo”. Por su parte, el Grupo de Trabajo de la ONU afirmó ayer durante su rueda de prensa que el problema del uso de perfiles raciales contra afrodescendientes era un problema “endémico” y que se asumía que las personas afrodescendientes eran migrantes sin papeles, lo que provocaba que estas personas fuesen controladas por la policía “únicamente por el color de su piel”. Según los expertos de la ONU, esto se produce, entre otros motivos, porque la “legislación española carece de una prohibición específica del uso de perfiles raciales y no contiene criterios claros para las identificaciones llevadas a cabo por los agentes de policía”.

Uno de los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU, el Sr. Gumezde, añadió además que bajo la legislación actual las víctimas de estas prácticas policiales discriminatorias no tenían manera de denunciar. Según el experto: “las disposiciones disuasivas de la Ley de Seguridad Ciudadana han acabado imponiendo la autocensura, fomentando que no suelan denunciarse los actos discriminatorios, con lo cual no se investigan, no se juzga a los perpetradores ni obtienen reparación las víctimas”.

Recomendaciones

El Grupo de Trabajo, que presentará su informe final sobre España ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre, ha adelantado algunas de las medidas que deberían adoptarse en España para erradicar estos controles policiales discriminatorios. En concreto, se urge a (i) establecer un mecanismo de quejas independiente para abordar esta cuestión; (ii) poner en práctica las recomendaciones del Defensor del Pueblo para prevenir el uso de perfiles raciales (entre las que destaca la introducción de los formularios de identificación); (iii) dar formación especializada a los agentes de policía y (iv) poner en marcha campañas de sensibilización para cambiar los estereotipos contra las personas afrodescendientes.

Estos informes se añaden a la larga lista de organismos internacionales, europeos y nacionales que han llamado la atención al Estado español por la persistencia de estas actuaciones policiales discriminatorias, desde el Comité de Derechos Humanos o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, pasando por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, hasta el Defensor del Pueblo español. Es más, recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite una demanda interpuesta contra el Estado español por Zeshan Muhammad, un ciudadano pakistaní a quien la policía nacional identificó, según afirmó el agente, por ser “negro y punto”.

Hora de acabar con prácticas discriminatorias

Desde Rights International Spain (RIS), organización que participó muy activamente en los encuentros que tanto la ECRI como el Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes tuvieron con la sociedad civil informando del problema generalizado y no resuelto del uso de perfiles étnicos por parte de la policía, ha acogido con beneplácito estos dos pronunciamientos y reconoce que se trata de una victoria del movimiento anti-racista liderado por las personas que sufren estas actuaciones discriminatorias.

Cristina de la Serna, abogada encargada del área de no discriminación de RIS ha hecho un llamamiento a las autoridades españolas: “el Ministerio del Interior ya conoce la hoja de ruta para erradicar los controles por perfil racial en España; en sus manos está acabar con una práctica policial discriminatoria que afecta a las personas racializadas en España simplemente porque no son blancas”.