Discrimación sistemática

El Comité valoró positivamente las medidas que había tomado Lituania para mejorar la situación de la comunidad romaní. Debido a la hostilidad de la sociedad y a la discriminación sistemática de la que son objeto, algunos miembros de la comunidad no están cubiertos por un seguro médico, no han terminado la enseñanza primaria o secundaria y no pueden conseguir un empleo estable.

El Comité también expresó su preocupación por la discriminación LGBTI e instó a Lituania a que garantice el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. La negativa a reconocer la identidad sexual en la ley sigue siendo otro ámbito problemático. Lituania todavía carece de una legislación sobre las condiciones y procedimientos para la reasignación de género.

El Comité observó que los delitos y el discurso de odio hacia las personas LGBTI, romanís, judíos, migrantes y solicitantes de asilo constituyen un problema grave. La disparidad entre las cifras de casos denunciados y la discriminación real y el discurso de odio demuestra que se trata de un problema latente.

Además de esta diferencia en las estadísticas sobre delitos, existe otra: la que se refiere a la igualdad de hombres y mujeres en el mercado laboral.

Asimismo se señalaron los problemas de la violencia doméstica: el comité recomendó que se persiga a los agresores de manera más eficiente, que se garantice la disponibilidad de medidas de protección para las víctimas y que se evite la mediación en los casos de familias. También pidió que se ratificara el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Prisión y asilo

El Comité también observó que en Lituania se detiene a los sospechosos demasiado frecuentemente durante la investigación previa al juicio, y que muy rara vez se recurre a otras alternativas, como la libertad bajo fianza o las promesas por escrito de no abandonar el país. Cabe añadir que, en más de una ocasión, se ha denunciado el estado extremadamente deficiente de las condiciones de las cárceles, lo que constituye una violación de los derechos humanos.

El Comité ha señalado también que los solicitantes de asilo permanecen detenidos de forma desproporcionada, en algunos casos hasta 18 meses, y que existen denuncias de casos donde se ha denegado directamente la entrada al país a los solicitantes, o en los que los funcionarios ni siquiera registran sus solicitudes.

El informe completo del Comité de Derechos Humanos de la ONU está disponible aquí.