Varios Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en consonancia con lo que les ha venido alertando la ONG Rights International Spain (RIS), se han dirigido al Estado español mostrando su frontal rechazo al Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como “Ley Mordaza”), y a las reformas del Código Penal en lo relativo a las limitaciones a las libertades de expresión y de reunión, así como en materia de delitos antiterroristas, iniciativas todas ellas en tramitación en el Senado actualmente.

Los Relatores que han dirigido sus preocupaciones al Estado español son Maina Kiai, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Ben Emmerson, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos.

En sus comunicaciones, tal y como reseña la nota de prensa difundida recientemente, los expertos de la ONU dejan claro que las reformas legislativas señaladas “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”, añadiendo que confían “en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”.

Deportaciones, tortura y abuso

“Los derechos a manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”, han indicado los Relatores Especiales. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”.

Por otro lado, las disposiciones del proyecto de ley de seguridad ciudadana relativas al régimen especial de Ceuta y Melilla, “podrían permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”, señalaron los expertos.

“Considerando el impacto que podrían tener este tipo de leyes sobre los derechos y libertades fundamentales, deben ser redactadas con cuidado y no pueden ser adoptados de forma precipitada” concluyeron los expertos.

RIS ha trabajado intensamente para evitar que estas normas sean aprobadas, debido a la restricción ilegítima a los derechos y libertades civiles que conllevan. Al igual que muchas otras organizaciones y colectivos, la organización se ha dirigido a varias autoridades (tanto representantes del Gobierno como Diputados y Senadores) para que las reformar respeten los principios del Derecho internacional de los derechos humanos pero, ante la falta de respuesta, se ha visto obligada a poner en conocimiento de varios expertos de Naciones Unidas –muchos de los que hoy se han dirigido a España- el alcance de las reformas.

"Un paso importante"

En concreto, RIS se ha dirigido al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, llamando su atención sobre la reforma al Código Penal y el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. También se puso en contacto con el Relator Especial sobre los derechos de las personas migrantes a raíz de la introducción, por parte del Partido Popular, de la enmienda que legalizaría las conocidas como “devoluciones en caliente”. Recientemente también se dirigió al Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, a fin de hacerle llegar varias preocupaciones en torno a diversas iniciativas legislativas. Muchos de estos extremos también fueron puestos de manifiesto en las contribuciones de RIS al listado de cuestiones que deberá contestar España durante su examen por el Comité de Derechos Humanos de la ONU este año.

Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de RIS, ha manifestado su satisfacción por que “desde la ONU se respalden muchos de los reclamos de RIS y de tantos otros colectivos defensores de los derechos humanos en España con los que venimos trabajando de manera conjunta”. “Sin duda, este es un paso importante, y esperamos que el Gobierno y el poder legislativo tengan en cuenta estas observaciones, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.