El Grupo de Trabajo de Expertos sobre afrodescendientes ha presentado el informe completo de su primera visita de investigación en España ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas y concluye: “el establecimiento de perfiles raciales de los afrodescendientes es un problema endémico en España”.

RIS exige al gobierno español que acabe con el uso de perfiles étnicos

Rights International Spain tuvo la ocasión de reunirse con el Grupo de Trabajo durante su visita, para hacerle llegar sus preocupaciones acerca de una cuestión prioritaria para la organización: la erradicación del uso del perfil étnico por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como criterio para llevar a cabo detenciones e identificaciones. La conclusión del Grupo de Trabajo en su informe se suma a la de numerosas instituciones tanto internacionales, como europeas y nacionales, que han constatado la la aplicación de esta práctica de manera generalizada en España y también a la denuncia que, desde hace tiempo, vienen haciendo pública diversos colectivos de defensa de las libertades civiles y los derechos humanos.

En el informe, se ha incluido la iniciativa liderada por RIS junto con organizaciones afrodescendientes y de defensa de los DDHH para instar al Gobierno a poner fin a los controles policiales por perfil racial, a través de una carta dirigida al Ministerio del Interior con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Las medidas hasta ahora han sido insuficientes

El Grupo de Trabajo reconoce que se han tomado medidas pero que estas son insuficientes. Según los expertos, en primer lugar habría que definir el uso del perfil étnico como una práctica policial discriminatoria prohibida. No aceptan, por tanto, que la disposición incluida en la, comúnmente, conocida como “Ley Mordaza” sea suficiente y añaden que las sanciones impuestas a raíz de dicha ley, han llevado a una disminución de las denuncias por discriminación, lo cual genera una impacto las investigaciones, enjuiciamientos y reparaciones para las víctimas.

Una de las propuestas del Grupo de Trabajo para avanzar en la eliminación de esta práctica discriminatoria, es la implementación de formularios a cumplimentar por los agentes, en los que quede especificado cuál es el motivo para la detención o identificación de una persona. En otros países, como el Reino Unido, esta acción ha demostrado ser una herramienta eficaz para la erradicación de estos comportamientos y en 2013 el Defensor del Pueblo recomendó a la Policía Nacional la implementación de este sistema. En 2016 la Policía Nacional recogió el guante y se comprometió a establecer este nuevo procedimiento a lo largo de 2017. Esta promesa no se ha cumplido salvo en algunas excepciones y en comisarías locales como las de Fuenlabrada, Gerona o Móstoles. El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un proyecto piloto para introducir el modelo en un barrio de la capital.

España tiene la obligación de implementar las recomendaciones de la ONU

Otra de las recomendaciones propuestas por los Expertos de Naciones Unidas es la creación de un mecanismo independiente de revisión de las actuaciones policiales y mayor formación en el seno de la policía, para prevenir y terminar con las prácticas discriminatorias.

Asimismo, el Grupo de Trabajo ha manifestado su preocupación por las expulsiones colectivas desde Ceuta y Melilla, y que los solicitantes de asilo no tengan la posibilidad de pedir protección internacional. Por ello, se recomienda al Gobierno poner fin a todas las formas de expulsión colectiva, respetando los derechos de no devolución y acceso a los procedimientos de identificación y determinación de la condición de refugiado. Los Expertos también se mostraron preocupados por la detención de inmigrantes como forma habitual de “detención administrativa”, recomendando al Gobierno erradicar toda clase de detención de los migrantes y solicitantes de asilo.

Es importante recordar que España forma parte del sistema de la ONU que acepta las visitas de los grupos de trabajo y los relatores especiales, para que se evalúe el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, por tanto, existe la obligación de implementar las recomendaciones que hacen estos organismos.