Un tribunal italiano condenó este lunes a 24 personas a cadena perpetua por su participación en la Operación Cóndor, una campaña de represión política y terror que se extendió en gran parte de Sudamérica entre 1968 y 1989.
El juicio ha sido el primero de este tipo en Europa y se centró en el asesinato de 43 personas, entre ellas 23 ciudadanos italianos. Todos menos uno de los 24 acusados fueron condenados in absentia, entre ellos el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez y el ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo Juan Carlos Blanco.
Fueron juzgados por la desaparición o muerte de 43 personas, pero el número total de personas que desaparecieron o fueron asesinadas durante la Operación Cóndor podría alcanzar 60.000. La solidez de las pruebas de las bases de datos del gobierno confirman que al menos 496 opositores políticos fueron secuestrados y asesinados durante estos años.
Gracias a la desclasificación de los documentos, ahora sabemos que muchas víctimas fueron asesinadas de forma terrorífica. Quizás lo más escalofriante son los relatos de los llamados vuelos de la muerte, en los que se drogaba a las víctimas para arrojarlas al mar desde aviones, con el estómago rajado para asegurarse de que los cuerpos se hundieran o fueran devorados por los tiburones.
Por fin justicia
Pero las familias de las víctimas nunca perdieron la esperanza de que algún día se hiciera justicia.
Los fiscales que han trabajado en el caso se han basado en el principio de "justicia universal", cuyo precedente se estableció en Londres en el año 2000 con la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, uno de los principales artífices de la Operación Cóndor.
A pesar de que los crímenes tuvieron lugar durante la década de 1960 y 1970, los nuevos documentos disponibles proporcionaron a los fiscales italianos suficientes pruebas para proceder con los cargos contra los 24 ex altos cargos del gobierno.
"Debo destacar la labor de todas las partes involucradas en el caso", dijo Arturo Salerni, uno de los abogados que trabajó en el caso y presidente de CILD, organización miembro de Liberties. "En primer lugar el Ministerio de Justicia italiano, las organizaciones de familiares de las víctimas, cuya participación ha sido muy importante y muchos juristas e investigadores. Gracias a todos estos esfuerzos, por fin se ha hecho pública la verdad".
Tras décadas de impunidad, las familias de las víctimas han recbido un poco de justicia y un cierto sentido de cierre de una de las historias más oscuras y atroces de los últimos tiempos.