Drugreporter: Cataluña es una región conocida por sus políticas progresistas respecto a las drogas. ¿Puedes explicarnos cómo empezaron estas políticas en el pasado y cuál es la situación actual?

Òscar Parés: Aunque eso pueda ser cierto, yo diría que Cataluña debería conocerse más por sus activistas comprometidos y el papel que ha jugado la sociedad civil. Alguien me comentó que el progreso en una sociedad viene de la calle y no del parlamento, este es un ejemplo.

El modelo de Club Social de Cannabis (CSC) o las asociaciones de consumidores de cannabis es un experimento que comenzó hace 30 años en España, cuando distintos grupos de activistas a favor del cannabis y antiprohibicionistas trataron de evitar el mayor riesgo asociado al cannabis (es decir, las multas) y comenzaron a explorar formas de poder cultivar sus propias plantas fuera del circuito del mercado ilegal. La ley española es muy peculiar, algo que no se conoce mucho a nivel internacional, el consumo de drogas nunca ha sido penalizado, por lo que la posesión para uso personal y el consumo en espacios privados es perfectamente legal. Además, el Tribunal Supremo dictaminó que el consumo compartido no es un delito si no hay lucro. El problema es ... ¿cómo llegan las drogas a los espacios privados? Este es el camino que aquellos valientes regalaron a la nueva generación. Y no es una historia romántica, muchos fueron procesados y criminalizados en el camino.

Por otra parte, la Consejería de Salud de Cataluña fue de las primeras en España que trabajó bajo un paradigma de "reducción de daños" a principios de los años 90, lo que redujo drásticamente los problemas de salud pública relacionados con el consumo de heroína y la estigmatización de los consumidores de drogas. Al mismo tiempo, también es cierto que esa decisión llegó tarde - entre 1983 y 1990 murieron entre 20.000 y 25.000 personas por sobredosis de drogas y 100.000 contrajeron el vih por inyectarse drogas.

Estos dos factores se unieron en 2012 cuando el caso Rasquera se hizo viral y los políticos no pudieron mantenerse al margen del debate sobre la regulación del cannabis. En ese momento existían en Cataluña casi 450 clubes sociales de cannabis, algunos de ellos con un millar de socios o más. La ley que se aprobó a finales de junio es la cristalización -en el parlamento catalán- de esos 30 años de lucha contra una política hacia el cannabis ineficaz e injusta.

El parlamento catalán ha decidido recientemente entonces regular legalmente el mercado del cannabis. ¿Cómo lo lograsteis? ¿Es el resultado de la lucha de la sociedad civil o fue una iniciativa de partidos políticos?

Después de Rasquera, se inició un debate entre los políticos catalanes que terminó dos años más tarde con una resolución, basada en criterios de salud pública, del parlamento catalán que consideraba que los CSC son una herramienta para reducir los riesgos asociados al mercado ilegal. Esa resolución fue suspendida por el Tribunal Constitucional español porque el Gobierno de España dijo que invadía las competencias nacionales.

A nivel municipal, en 2016, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una regulación local de la actividad de los CSC que permitió que cerca de 200 CSC permanecieran abiertos y funcionaran en la ciudad. Un año más tarde, el anterior partido político que dirigía el ayuntamiento hizo una redada en la mayoría de los CSC y cerró casi 40 de ellos. Actualmente, casi 25 municipios en Cataluña han aprobado su propia regulación, a pesar de que estos reglamentos no se centran necesariamente en el cultivo o transporte de cannabis, sino en el control de capacidad, saneamiento, condiciones higiénicas del lugar, etc.

A finales de 2015, una iniciativa legislativa ciudadana que proponía la regulación de las actividades de los CSC, impulsada por la sociedad civil, logró más de 65.000 signatarios en Cataluña y fue finalmente aprobado el pasado junio por el parlamento catalán. Es importante decir que se aprobó con el voto de 118 parlamentarios de los 127 del total. Eso es muy extraño (y significativo) en medio del clima político que se está viviendo ahora mismo en Cataluña.

El modelo propuesto por el parlamento catalán es muy diferente del sistema neerlandés de "coffee shops", pero también del modelo de legalización comercial estadounidense. ¿Puedes explicarnos cómo regularía el mercado esta nueva ley?

Esta es la primera ley europea que regula no solo el régimen legal y el funcionamiento de los CSC, sino también el cultivo colectivo y el transporte hasta la sede, así como medidas para reducir los riesgos sanitarios (disposiciones específicas para el envasado de cannabis y el almacenamiento higiénico y para el análisis del producto). El CSC puede producir hasta 150 kg de cogollos secos al año y existe una regla para evitar el turismo relacionado con el cannabis (para poder rellenar el formulario de membresía y hacerse miembro del CSC, es preciso esperar 15 días). Los CSC no pueden anunciarse ni hacer ningún tipo de publicidad.

La mala noticia es que por un lado, las leyes que regulan el tráfico de drogas y la seguridad pública son estatales y la regulación catalana no puede cambiar esto. Por otro, el partido político que gobierna a nivel central en España, el Partido Popular, está totalmente en contra de los CSC y no le interesa tener un debate maduro sobre la regulación del cannabis, por lo que lo más probable es que lo lleve al Tribunal Constitucional y este lo suspenda automáticamente. Exactamente lo mismo que ha sucedido en el pasado con los intentos de regular las actividades de los CSC promovidas por Navarra y el País Vasco, dos regiones del norte del país.

Pero, si me permitís hablar de lo innombrable, la mitad de la población catalana es partidaria de salir de España en octubre y la otra mitad no se sabe...el tiempo lo dirá. Incluso si nunca se llega a aplicar la ley del cannabis realmente, una vez que el Parlamento ha votado a favor de la ley (y con esa abrumadora mayoría), la percepción pública sobre la regulación del cannabis evoluciona de una forma que es difícil de revertir con relatos alarmantes en los medios de comunicación. Quizá este solo sea un borrador de la política de drogas del país en un futuro. El tiempo dirá. Y también, ojalá la reforma de la política de drogas no se detenga en el cannabis, que es una de las preocupaciones de algunos actores clave en el movimiento de reforma de la política de drogas: critican que el movimiento de cannabis a menudo parece interesarse únicamente en la reforma del cannabis. En ICEERS estamos trabajando para apoyar un avance en la política de drogas, que no siga un enfoque de persecución policial y que vaya más allá del cannabis.

Existía un temor acerca de que Cataluña se convirtiera en un paraíso para el turismo de drogas. ¿Cómo afronta la reforma estos miedos?

Como he señalado antes, hay un período de espera de 15 días desde el momento en que una persona expresa su deseo de ser miembro hasta que se le conceda acceso al CSC. Esta es una buena medida para evitar problemas relacionados con el turismo de drogas como los que han tenido que enfrentar en Países Bajos con su modelo de "coffee shop". Además, recuerda que es un modelo de asociación privada de usuarios en la que solo te puedes hacer miembro si conoces a otro miembro y te avala.

¿Tienes alguna estimación de la cantidad de ingresos tributarios que podría producir el mercado legal del cannabis? ¿Señala la ley algo en que se deberían gastar estos ingresos?

No sé cuánto dinero produciría. La ley, en sus disposiciones finales, también enuncia la posibilidad de crear un nuevo impuesto sobre el cannabis con el objetivo de reducir los riesgos asociados a su consumo. Este aspecto y muchos otros contenidos en la ley se desarrollarán durante 2017. Por otro lado, un CSC con 600 miembros requiere unas 10-12 personas que abran la puerta todos los días, y por lo tanto la asociación contrata a todas estas personas y sus salarios contribuyen a la seguridad social.

¿Que pasará ahora? ¿Qué va a decir el gobierno español?

Esperemos que no hagan nada, pero como he dicho, lo más probable es que lleven la ley al tribunal constitucional y suspendan la decisión del parlamento catalán.

¿Crees que el modelo de club social se puede aplicar también en otros países?¿Se te ocurre alguna lección que hayáis aprendido y que pueda servir a activistas en otros países?

Los clubes sociales de cannabis son una idea que surgió de los activistas españoles y que de hecho ya se ha extendido por Europa y América. En España ya hay varias iniciativas para regular el mercado de cannabis que se están debatiendo en el Congreso español, pero las mayorías no están claras. Estoy seguro de que habrá alguna regulación del cannabis en los próximos años porque, como muestran las encuestas, más de la mitad de la sociedad española está a favor de regular los CSC y, por otro lado, las personas que defienden y que apuestan por la reforma están trabajando duro. Además, los cerca de 12.000 CSC existentes las casi 15 federaciones de CSC, y varios actores activos en la lucha por la reforma como GEPCA, Regulación Responsable, CFAC y RCN-NOK nno dejan de hacer propuestas de modelos de regulación.

En la actualidad, los CSC solo están regulados en Uruguay y Cataluña. Yo tuve la suerte de participar en algunos debates relacionados con la ley del cannabis en Uruguay en 2012, junto con el conocido activista Martín Barriuso y el Transnational Institute, y tuve la oportunidad de ver cómo se incluyo esa pieza en la ley uruguaya, que fue fascinante. Cada país tiene sus leyes específicas a tener en cuenta, por lo que el modelo debe adaptarse a las mismas. Este es un movimiento imparable, porque la sociedad está reconquistando las políticas de drogas de las mentes histéricas. Es importante enfatizar que el CSC es un modelo de asociación de usuarios privados sin ánimo de lucro. Es decir, que tiene que estar basado en la transparencia y los objetivos comunitarios. Yo recomendaría la lectura de as publicaciones de Tom Decorte y Vendula Belackova para conocer más en profundidad cómo funcionan los CSC. Como hemos comprobado, si los CSC no están debidamente reguladas o gestionadas, la puerta queda abierta a las malas prácticas. El modelo del CSC es perfecto para aprender y avanzar hacia una regulación integral del mercado del cannabis.

Entrevista de Peter Sarosi. Publicada originalmente en Drugreporter.net