La proporción de pacientes de psiquiatría forense que en 2016 se consideró que podían pasar de la atención hospitalaria a la atención ambulatoria pero que permanecieron en atención hospitalaria fue del 11%, según el informe anual del Registro Nacional de Calidad de la Psiquiatría Forense de 2016. La causa principal fue la falta de plazas.

El miembro de Liberties, Civil Rights Defenders (CRD), ha denunciado al municipio de Norrköping al Defensor del Pueblo (JO, por sus siglas en sueco). Debido a una gestión inadecuada, el municipio ha obligado a un hombre a permanecer en atención hospitalaria involuntaria, a pesar de que no existían motivos para ello. En 2011, fue condenado a libertad condicional con la obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico. Cuando terminó el tratamiento en atención hospitalaria, su médico solicitó una transición a atención ambulatoria, pero para que pudiera pasar a esta, necesitaba alojamiento con acceso a servicios específicos. La responsabilidad de proporcionarle dicho alojamiento fue asignada al municipio de Norrköping, que ha tardado un año y seis meses en proporcionársela.

Debido a que el hombre carecía de alojamiento, el tribunal administrativo decidió que, mientras el municipio resolvía la situación, debía permanecer en atención hospitalaria involuntaria, a pesar de que durante su ingreso no había generado ningún problema, había cooperado y seguido las reglas de su libertad condicional.

"A consecuencia de la actuación del municipio, el hombre estuvo detenido mucho más tiempo del necesario, por lo que se trata de una violación de derechos humanos muy grave. Desgraciadamente, su caso no es único, muchas personas en Suecia permanecen en atención hospitalaria involuntaria a pesar de haber finalizado su tratamiento, señaló John Stauffer, director jurídico de Civil Rights Defenders.

¿Por qué denuncia este caso CRD al JO?

La actuación de las autoridades de Norrköping ha tenido como consecuencia la violación del derecho a la libertad de este hombre, según el instrumento de gobierno y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Civil Rights Defenders, que actúa como representante legal en el caso, ha denunciado al municipio ante el JO por los siguientes motivos:

• El municipio ha causado retrasos indebidos en la ejecución de la decisión sobre el alojamiento, a pesar de sus obligaciones legales sobre el apoyo y el servicio a ciertas personas con discapacidad.
• El municipio no ha participado en las reuniones posteriores para planificar el tratamiento, a pesar de sus obligaciones de acuerdo con la ley sobre la responsabilidad de los municipios, de pagar cierta atención sanitaria.

El hombre estuvo detenido un año y seis meses más después de que su médico declarara que había terminado el tratamiento. Civil Rights Defenders sostiene que estuvo detenido erróneamente durante un año. La jurisprudencia establecida considera que seis meses es un plazo razonable para que un municipio garantice las condiciones de su liberación.

El hombre recibió alojamiento finalmente en diciembre de 2016.

Descárgate la denuncia de Civil Rights Defenders al Defensor del Pueblo aquí.

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