El 18 de marzo, Francia ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés). Al hacerlo, el gobierno francés se alineó con Bélgica, Eslovaquia, España, Finlandia, Italia, Luxemburgo y Portugal—países europeos que ya habían ratificado el tratado. Incluso en países como Malí y las Maldivas, a los ciudadanos se les ha otorgado la posibilidad y se les ha ofrecido perspectivas de actuación para reclamar ellos mismos sus derechos económicos, sociales y culturales por medio de demandas individuales dirigidas al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Los Países Bajos se quedan atrás

El gobierno neerlandés lleva años estudiando la ratificación. Una moción propuesta por el senador Tineke Strik, de fecha 18 de marzo de 2014—que fue firmada por casi todos los partidos políticos principales pero cuya aprobación delegó en el Senado el anterior ministro de Seguridad y Justicia, Ivo Opstelten—solicitaba al gobierno que acelerara la decisión de ratificar el Protocolo Facultativo del ICESCR. El documento orientativo sobre derechos humanos "Respeto y derechos para todos", de junio de 2013, indicaba el impacto de la ratificación a corto plazo.

Sin embargo, más de un año después de la moción de Strik, el gobierno todavía no ha ofrecido una respuesta concreta o una hoja de ruta. El informe de investigación sobre la ratificación del protocolo del Netherlands Institute of Human Rights, que había sido comisionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, fue enviado por el gobierno a la Cámara de Representantes sin ningún comentario.

Esto resulta extraño porque—y esta argumentación fue también expuesta por el Netherlands Institute for Human Rights durante el primer Debate sobre derechos humanos celebrado en la Cámara de Representantes el 26 de enero de 2015—en vista de la descentralización establecida en la Ley sobre los jóvenes, la Ley de participación y la Ley de apoyo social, la ratificación es precisamente ahora cada vez más lógica y relevante. De esta manera, se les ofrecería a los ciudadanos una posibilidad real de que los servicios de asistencia municipales fueran examinados.

El Comité de Juristas por los Derechos Humanos de los Países Bajos ha solicitado al gobierno que ratifique definitivamente el Protocolo Facultativo del ICESCR.