Los Países Bajos rechazan las solicitudes de reunificación familiar demasiado a la ligera, según el informe de Defence for Children "Familias en apuros", en el que afirman también que la legislación neerlandesa viola la normativa internacional.

Se estima que en los Países Bajos hay miles de niños sin ninguno de sus progenitores porque el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) rechaza incorrectamente solicitudes de reunificación familiar.

"Situaciones terribles"

"Por ejemplo, el caso de un padre neerlandés que deja de ocuparse de su familia y una madre de otro país a la que no se concede el permiso de residencia", explica Martine Goeman de Defence for Children. "Los niños de esa familia tienen la nacionalidad neerlandesa y han crecido aquí. Tienen la opción de vivir como huérfanos en los Países Bajos o trasladarse a un país desconocido junto con su madre. Son situaciones terribles."

Según Goeman, a la hora de valorar las solicitudes de reunificación familiar en los Países Bajos, no se hace lo que se debería hacer: tener en cuenta adecuadamente el bienestar de los niños y sus intereses. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que el derecho de los niños a la vida familiar prevalece ante otros intereses.

"Quedándose atrás"

Esto no significa que el IND no pueda nunca rechazar una solicitud de reunificación familiar, pero debería al menos demostrar que los intereses del Estado sobrepasan a los intereses de los niños. Actualmente, no se hace este tipo de valoraciones pues, sin justificación alguna, el principio rector internacional sobre el derecho a que los miembros de una familia vivan juntos, no se ha incorporado a la política migratoria de los Países Bajos", dice Goeman.

Defence for Children quiere que el secretario de Estado para Seguridad y Justicia, Klaas Dijkhoff, adapte la legislación neerlandesa a la normativa europea y a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Goeman señala que ya es hora de que el gobierno neerlandés actúe. "Los Países Bajos están quedándose atrás. El secretario de Estado no puede obviar que la normativa internacional debe conducir a un cambio de política. La innecesaria separación de niños y padres debe llegar a un punto final".