Las deficiencias han sido documentadas en una encuesta realizada por Civil Rights Defenders y RSMH tras un estudio a nivel europeo.
La encuesta, enviada a juristas y abogados de nueve países de la UE para registrar los marcos regulatorios y sistemas existentes para personas con necesidades especiales, indica problemas en todos los países.
¿Hace falta más apoyo?
No existen, por ejemplo, métodos para establecer si una persona pertenece a un grupo particularmente vulnerable y, por lo tanto, necesita un apoyo adicional durante un proceso legal.
"Es fundamental poder identificar desde el primer momento si una persona necesita apoyo adicional, por ejemplo debido a un impedimento intelectual. Si no se sabe si una persona es capaz de entender todo, tampoco se puede garantizar que los procedimientos van a ser justos", señala Annika Åkerberg, abogada de derechos humanos de Civil Rights Defenders.
El hecho de que la policía carezca de formación sobre cómo actuar con las personas con trastornos mentales o discapacidades es otro fallo general identificado en la encuesta.
"Actualmente, las normas y regulaciones dejan mucho margen a la voluntad y la competencia del policía individual para que evalúe si una persona necesita asistencia especial", dice Annika Åkerberg.
En general, en todos los países salió que no existe un sistema para registrar y sistematizar la información sobre las necesidades adicionales del sospechoso o acusado del delito. Aún cuando existe conocimiento de que una persona necesita apoyo adicional, la información no se transmite a través de todas las etapas del proceso legal dando lugar a estas deficiencias.
"Los grupos especialmente vulnerables están sujetos a las mismas reglas y regulaciones que el resto de las personas, pero este grupo necesita derechos adicionales. Aunque los sistemas existen, en la práctica muchas veces no funcionan. Estas son las lagunas que queremos identificar", señala Åkerberg.
¿Cómo resolvemos estas deficiencias?
"Ahora sabemos que estos problemas existen y, por lo tanto, el siguiente paso es buscar una solución. Debemos sumergirnos e investigar más profundamente, queda mucho por hacer para que todas las personas tengan garantizado un proceso con una seguridad jurídica", dice Annika Åkerberg.
La encuesta resumida
La encuesta se llevó a cabo en junio de 2017 a través de la organización de derechos humanos Fair Trials, que cuenta con una amplia red de abogados, juristas y organizaciones que trabajan cuestiones de seguridad jurídica. El objetivo de la encuesta es identificar cómo cumple cada país las recomendaciones de la Comisión Europea sobre garantías procesales para sospechosos de delitos o acusados con necesidades especiales. Las recomendaciones garantizarán que se cumplan los derechos de estas personas con una capacidad limitada para comprender sus derechos y las consecuencias de sus acciones, por ejemplo debido a su edad, salud mental o física, capacidades cognitivas o similares.
Países encuestados: Bulgaria, Finlandia, Grecia, Italia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, España, República Checa. País de comparación: Suecia.
Para más información:
Suecia viola derechos de sospechosos de delitos con necesidades especiales
Civil Rights Defenders denuncia por daños y perjuicios por deficiencias en un proceso legal.
El informe alternativo de Civil Rights Defenders y RSMH sobre cómo cumple Suecia las recomendaciones de la Comisión Europea sobre derechos procesales para grupos especialmente vulnerables
