La independencia judicial en Polonia parece haberse suspendido parcialmente, el presidente polaco Duda vetó la semana pasada dos de las tres leyes polémicas que regulaban los tribunales. El partido gobernante PiS (Ley y Justicia) ha afirmado que, sin embargo, seguirá adelante con sus planes de aumentar el control gubernamental sobre el poder judicial.

Si esto sucede, la UE debería responder con algo más contundente que advertencias de futuras advertencias. Hasta ahora, no ha logrado que el PiS deje de socavar la independencia judicial. La Comisión ha emitido una nueva recomendación como parte de su investigación sobre las reformas, pero el Gobierno polaco ha ignorado todas sus recomendaciones. la Comisión ha declarado que si se llevan a cabo ciertas partes de las leyes vetadas, se aplicará de inmediato el artículo 7(1) del Tratado UE. Pero incluso activándolo, lo más que puede surgir del Consejo de la UE son más palabras. Esto se debe a que aún quedan varias etapas (que podrían ser bloqueadas por el veto de Hungría) antes de poder imponer sanciones. La Comisión también ha iniciado acciones judiciales sobre la independencia del poder judicial. Pero un caso similar contra el gobierno húngaro en 2012 muestra que incluso si gana la Comisión, es poco probable que el gobierno acabe revirtiendo de verdad las medidas en disputa. Y todo indica que el PiS, de todos modos, no está dispuesto a cumplir con las sentencias judiciales de la UE.

A pesar de ser una alternativa potente y fácilmente disponible, la Comisión parece haber rechazado la posibilidad de utilizar los fondos de la UE para inducir un cambio de dirección en el PiS. Algunos gobiernos y comisarios de la UE han sugerido que cuando un Estado miembro viola el Estado de derecho, se debería cortar la financiación de la UE (en concreto, los "fondos de cohesión"). Los fondos de la UE llegan a los gobiernos nacionales de distintas formas.Los fondos de cohesión representan la partida más importante, diseñada para apoyar las inversiones en infraestructura y empleo. Polonia recibirá 86 mil millones de euros entre 2014 y 2020, casi el 19% de los fondos totales (545 mil millones) disponibles para los 28 países de la UE.

Algunas personas afirman que cortar la financiación de la UE no es buena idea pues puede agriar las relaciones y causar divisiones entre los gobiernos de la UE. Otras señalan que cortar los fondos a un gobierno por violar el Estado de derecho requeriría un cambio en la legislación de la UE o incluso la creación de un nuevo mecanismo en lso tratados de la UE.

La verdad es que la legislación de la UE que regulan los fondos de cohesión ya requiere que los gobiernos respeten el Estado de derecho como condición para obtener el dinero. Las normas (el Reglamento sobre disposiciones comunes) exigen que los gobiernos cuenten con sistemas para garantizar que los fondos de cohesión se gastan conforme a la legislación nacional y de la UE. Los gobiernos tiene que establecer una serie de organismos para gestionar, gastar y verificar que los fondos se emplean de acuerdo estas legislaciones. Y finalmente los tribunales proporcionan el último control para comprobar que efectivamente slas cumplen.

La Comisión Europea ya era de la opinión de que existía una amenaza sistémica al Estado de derecho en Polonia en julio de 2016. Ya entonces el Gobierno polaco cometía graves incumplimientos de sus obligaciones en virtud del Reglamento de disposiciones comunes. La semana pasada, la Comisión inició acciones judiciales contra la ley que el presidente Duda no vetó, pues viola la obligación del país de mantener la independencia del poder judicial, según el derecho de la UE.

Evidentemente, la Comisión considera que Polonia ya no cuenta con unos tribunales independientes, necesarios para garantizar que las autoridades nacionales administran los fondos de la UE de acuerdo con la ley. Esto implica que gobierno polaco viola gravemente el Reglamento de disposiciones comunes que dice que si un gobierno viola las obligaciones de ese mismo reglamento, la Comisión tiene derecho a cortar la financiación hasta que se solucione el problema. Y existen precedentes de la aplicación de esta medida: en 2013, la Comisión suspendió los fondos de cohesión del gobierno de Hungría debido a problemas con sus sistemas de gestión y control de la utilización del dinero de la UE.

Si bien la Comisión se está centrando en tomar medidas que no parecen lograr que el PiS se mueva, la presión económica golpearía al régimen donde duele: en los euros. El PiS piensa que puede seguir riéndose en la cara de Bruselas, porque sigue teniendo apoyo en su país. Pero la popularidad del PiS se debe en parte a lo que algunos han llamado un soborno gubernamental hacia la gente en forma de aumento de algunas prestaciones, posible gracias a un aumento extraordinario de los ingresos gubernamentales. No es que la UE esté financiando directamente estas prestaciones, pero tal vez el régimen podría pensar dos veces antes de derrochar un caramelo -financieramente insostenible- para el electorado, si la Comisión retirara los miles de millones de euros que el gobierno ya no puede garantizar que se gastarán de forma legal.. Si el gobierno sabe que la UE puede y corta los fondos, quizá el Gobierno polaco deje de sentir que puede ignorar tan libremente las recomendaciones de la Comisión en el futuro.