Bulgaria celebrará elecciones parlamentarias anticipadas el 5 de octubre, tras la renuncia del ex primer ministro Plamen Oresharski y su gabinete este verano, que llegó tras más de un año de protestas diarias contra el gobierno. Uno de los partidos que pretenden ser representados en el nuevo gobierno es el Frente Nacional para la Salvación de Bulgaria (FNSB), que ha prometido la limpieza étnica de la población romaní del país a través de su internamiento en campos de concentración, que, según el partido, podrían algún día convertirse en "atracciones turísticas".

Vigilancia y trabajo forzado

El FNSB y el Movimiento Nacional Búlgaro (VMRO por sus siglas en búlgaro), otro partido de extrema derecha, han hecho declaraciones cada vez más hostiles y racistas durante estos comicios.

Un capítulo del programa de VMRO se titula "La resolución de la cuestión gitana" y propone abordar el "problema" a través del trabajo obligatorio para la población romaní. El programa también pide "patrullas voluntarias para la protección de la población búlgara," que, en esencia, se trata de grupos paramilitares de vigilancia.

El séptimo apartado del programa de NFSB se titula “El tratamiento de las comunidades étnicas" y sostiene que la existencia de diferentes grupos étnicos en Bulgaria amenaza la identidad nacional del país.

Los fiscales se niegan a reaccionar ante este discurso del odio

A pesar de este discurso público del odio y de la discriminación, los fiscales Estatales no han interpretado que los programas de los partidos políticos constituyan delito alguno.

"Los programas de FNSB y VMRO no conducen a la conclusión de que la coalición incita a la discriminación, violencia u odio hacia la población gitana, sino más bien hace un llamado para su integración y el respeto por la ley", dijo la Fiscalía de Apelación de Sofía en un comunicado publicado en agosto.

En cuanto a la idea de los campos de concentración, la Fiscalía dijo que las " medidas extremas en la plataforma de FNSB, como el aislamiento de la población romaní, son proporcionadas para personas que se niegan a integrarse."

La oficina se ha negado a iniciar investigaciones prejudiciales en relación con las plataformas de ambos partidos.

BHC mantiene presión sobre las autoridades

A finales de abril del 2013, varias organizaciones, incluyendo el Comité Búlgaro de Helsinki (CSF), enviaron una carta abierta (en búlgaro) al Presidente del país y otras instituciones advirtiendo sobre el uso generalizado de discursos del odio como herramienta populista para atraer votos en las elecciones parlamentarias en mayo de ese año.

Varias fiscalías de Sofía, incluyendo la regional, la del distrito y las oficinas de apelación, han declarado que no hay ningún delito en las posiciones de los partidos, ya que los responsables directos de los textos no pueden ser determinados (la responsabilidad penal bajo la ley búlgara es siempre a titulo personal).

Esto pareciera ser un argumento muy débil, ya que los textos en cuestión son documentos oficiales del partido y fueron adoptados por los dirigentes de los partidos en reuniones documentadas, que permitirían a los investigadores establecer los autores sin mayor dificultad.

Según Margarita Ilieva, directora del programa de Defensa Legal de BHC, la negativa a llevar a cabo una investigación y determinar a los responsables de la creación de estos textos es proporcionar impunidad a los autores y a los partidos, en detrimento de la ley y el interés público.

El Comité Búlgaro de Helsinki actualmente proporciona representación legal para un ciudadano de origen romaní que personalmente se ve afectado por el odio y la discriminación que se encuentran en el centro de las propuestas de ambos partidos.