El 17 de marzo de 2021, la Comisión Europea tiene previsto presentar una propuesta legislativa para un certificado digital denominado "Certificado Digital Verde". El certificado europeo previsto proporcionaría la siguiente información:
- la prueba de que una persona ha sido vacunada, y/o
- los resultados de las pruebas para quienes aún no han podido vacunarse, y/o
- información sobre la recuperación de la COVID-19.
De acuerdo con lo anunciado por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Twitter, el certificado digital verde respetará la protección de datos, la seguridad y la privacidad.
El objetivo de la propuesta legislativa de la Comisión es garantizar el funcionamiento del mercado único permitiendo progresivamente que los europeos puedan moverse de forma segura dentro y fuera de la Unión Europea. Los Estados miembros deberán decidir si permiten o exigen otros usos de los certificados digitales de inmunidad/resultados de pruebas/vacunación COVID-19.
El certificado de vacunación debe evitar crear una sociedad a dos niveles
"Se supone que la UE debe ayudar a los gobiernos a lograr que todos sus ciudadanos vayan recuperando sus libertades. La mejor manera de hacerlo es distribuir la vacuna de la manera más equitativa y rápida posible. Ahora, que todavía la inmensa mayoría de la población de la UE ni siquiera se ha vacunado, no parece el momento más adecuado para inyectar un montón de recursos a la compleja tarea de crear un certificado que funcione en los 27 países y que cumpla con todas las garantías de seguridad para mantener la privacidad de los datos sanitarios de la población. Los gobiernos y la UE deberían centrarse, más bien, en convencer al mayor número posible de personas de que se vacunen y acelerar un proceso de vacunación justo.
Además de que supone una distracción de la tarea de vacunación, el certificado podría acabar creando una sociedad a dos niveles. La vacunación no puede ser la única forma de desbloquear todo tipo de libertades cuando hay personas que no pueden o no quieren vacunarse, a menudo sin culpa alguna. Las autoridades deberían seguir aceptando como alternativa la prueba de un test negativo reciente, y garantizar que estos sean rápidos, baratos y accesibles. Por último, cualquier carnet de vacunación debe proteger nuestros datos sanitarios confidenciales de acuerdo con las normas de protección de datos de la UE", señaló Israel Butler, Director de incidencia política de Civil Liberties Union for Europe (Liberties).
El acceso universal a la vacunación es imprescindible
El acceso universal y equitativo a una vacuna segura y eficaz contra la COVID-19 es fundamental para proteger la salud de las personas y salvar vidas, proteger al personal sanitario y salvaguardar el sistema de salud pública, garantizar que los niños vuelvan a la escuela, que las economías se puedan ir reconstruyendo y las familias lleguen a fin de mes.
Las campañas de vacunación contra la COVID-19 han iniciado en toda la UE. Quienes creen que la vacuna es la solución que nos sacará de la pandemia critican la lentitud de la inoculación en algunos países. Otros expresan un profundo escepticismo sobre la vacuna, debido en parte a la rápida difusión de desinformación y noticias falsas.
Las campañas de vacunación y las normas sobre vacunas y certificados son competencia y responsabilidad exclusiva de los gobiernos nacionales y no pueden ser impuestas por la Unión Europea. Ningún Estado miembro ha optado por hacer que la vacuna sea obligatoria y tampoco parece muy probable que lo vayan a hacer en los próximos meses. A pesar de que los certificados de vacunación son competencia de los Estados miembros, la Unión Europea tiene un claro interés en que se haga de forma coordinada.
Para la población en general y para varios gobiernos europeos, el certificado digital verde ofrece una gran posibilidad de volver a la "normalidad" y de revitalizar las economías devastadas por las restricciones provocadas por la COVID-19.
Aunque reconocemos que la introducción de los certificados digitales de inmunidad/resultados de pruebas/vacunación de COVID-19 pueden resultar atractivos, hacemos un llamamiento tanto a la Comisión Europea como a los Estados miembros para que sean conscientes de los riesgos y peligros que pueden conllevar.
Creemos que la iniciativa de una propuesta legislativa para el 17 de marzo tiene muchos problemas. La Comisión y los Estados miembros no deberían seguir adelante con ninguna propuesta legislativa para este tipo de certificados digitales sin haber abordado cualquier duda ética o científica relacionada.
La Comisión Europea está preparando actualmente una nueva legislación basada únicamente en suposiciones. En primer lugar, que la vacunación será lo suficientemente eficaz como para reducir la transmisión. En segundo lugar, que el riesgo de transmisión de aquellas personas que ya han pasado la COVID-19 es suficientemente bajo. Sin embargo, estas suposiciones aún no están probadas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, "todavía existen importantes incógnitas en cuanto a la eficacia de la vacunación para reducir la transmisión (...). La prueba de la vacunación no debería eximir a los viajeros internacionales de cumplir otras medidas de reducción del riesgo en los viajes". Además, "el alcance y la duración de la inmunidad mediada por anticuerpos para proteger contra la reinfección del SARS-CoV-2 no se han establecido científicamente".
Como organización de derechos humanos, no estamos en condiciones de aportar pruebas científicas que apoyen o cuestionen la eficacia del uso de certificados digitales de inmunidad y/o de certificados de vacunación. No obstante, queremos recordar a los gobiernos europeos y a la Comisión Europea que cualquier medida que pueda interferir con los derechos fundamentales debe basarse en pruebas de justifiquen que es necesaria y eficaz. Por el contrario, la introducción del certificado digital verde sin pruebas suficientes, parece una medida llamativa pero contraproducente, que pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida en aras de un interés político.
Insistimos en que, en lugar de concentrar los esfuerzos en desarrollar un contexto jurídico adecuado para que los europeos puedan certificar su estado de vacunación/recuperación a través de las aplicaciones móviles, la Comisión y los gobiernos europeos deberían apoyar a la comunidad científica para lograr una buena comprensión sobre cómo funciona la inmunidad/transmisión del SARS-CoV-2 tanto en los segmentos de la población que ya se han recuperado de la COVID-19 como para los que se han vacunado.
En caso de que las pruebas científicas revelen que el riesgo de transmisión es muy bajo para quienes ya están vacunados y/o hayan pasado ya la COVID-19, la Comisión y los Estados miembros aún tendrían que resolver las preocupaciones éticas y jurídicas relacionadas con el certificado digital verde previsto.
Ciertos usos del certificado digital verde pueden dar lugar a injusticias (y, consecuentemente, a la desconfianza en las instituciones europeas), pueden exacerbar aún más las desigualdades existentes y crear una sociedad a dos niveles en la que algunas personas pueden disfrutar de un amplio conjunto de libertades y derechos mientras que otras quedan excluidas. Además, el certificado digital verde puede suponer una intromisión injustificada en nuestra vida privada y exponer nuestros datos personales a un riesgo indebido.Libertad de circulación: Injusticia y desconfianza
Un certificado digital de vacunación vinculado exclusivamente a la libertad de circulación dentro (y fuera) de la Unión Europea podría llevar a la exclusión de personas que no pueden vacunarse por razones médicas, como las mujeres embarazadas o personas con determinadas condiciones de salud previas. Aparentemente, esta es la razón por la que la Comisión no quiere que el certificado digital verde contenga únicamente información sobre el estado de vacunación, sino también sobre los resultados de pruebas recientes, y/o sobre el historial de COVID-19 de la persona. Apoyamos la intención de evitar la exclusión de ciertos grupos de riesgo de la sociedad. Sin embargo, si no se garantiza que el acceso a las pruebas sea barato y fácil, las personas que no estén vacunadas seguirán enfrentándose a obstáculos indebidos para poder viajar.
A principios de marzo de 2021, la vacunación no es obligatoria en ningún Estado miembro, ni se prevé que lo sea en un futuro próximo. Además, la vacuna no está disponible para la población en general y no se prevé que todos los ciudadanos de la UE hayan tenido acceso a la vacunación antes del último cuatrimestre del año. Aunque el proceso de vacunación puede funcionar de forma transparente y equitativa (aunque lenta) en varios Estados miembros, no es el caso de todos los Estados. En varios países, la clase media accede más fácilmente a la vacunación y las personas con capital social y/o económico se saltan las colas.
Conceder derechos adicionales a las personas que ya han sido vacunadas, sobre todo si el proceso no ha sido equitativo, y negar esos derechos a quienes aún no lo están, es injusto y debe evitarse. Si la prueba de vacunación da derecho a viajar con relativa facilidad entre los Estados miembros, la prueba de un test reciente con resultado negativo debería ser igualmente válida. Además, los gobiernos deberían garantizar que estos tests con una entrega rápida de resultados, sean lo más accesibles posible.
Creemos que, hasta que se generalice el acceso a la vacunación, si los gobiernos conceden la libre circulación a los titulares de certificados de vacunación, también deberían ofrecer la posibilidad (accesible y barata) de hacerse test rápidos a quienes no estén vacunados y tratar un resultado negativo reciente como equivalente a una prueba de vacunación.
Descarga aquí nuestro análisis de políticas.
Anteriormente en Liberties:
Tres razones por las que el pasaporte de vacunación para viajar por la UE es una mala idea
Tres formas de prevenir que la distribución de vacunas cree sociedades a dos niveles
