Pedimos al Parlamento Europeo que, tras el debate que tuvo el 26 de abril sobre la situación en Hungría, apruebe una resolución que exija al gobierno húngaro que retire su propuesta de ley sobre agentes extranjeros.
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El primer ministro húngaro, Orbán, lleva los siete últimos años desmantelando la democracia, pieza a pieza. Se ha apoderado de los medios de comunicación públicos y ha silenciado
las críticas de casi todas las agencias de medios privadas, bajo
amenazas de multas, impuestos punitivos o cierre. Ha protegido a su
gobierno de cualquier cuestionamiento jurídico imponiendo una nueva
Constitución, llenando el Tribunal Constitucional de sus aliados
políticos, y despojando a este de sus principales poderes. Y mientras
tanto, ha llenado los bolsillos de sus amigos de la elite empresarial
húngara a través de un sistema político profundamente corrupto. Uno de sus últimos movimientos ha sido estrangular la libertad académica aprobando una ley que fuerce el cierre de la Universidad Centroeuropea (CEU), uno de los centros educativos con más prestigio del país. La amenaza de cierre ha provocado la protesta de miles de personas.
Orbán espera que mientras el mundo esté pendiente de la CEU, nadie se dará cuenta de su decisión de acabar con las ONG que defienden la democracia en Hungría.
Ahora va a por las únicas voces que quedan que critican la corrupción, la destrucción del medioambiente y que luchan por los derechos de todos los ciudadanos húngaros: un puñado de periodistas de investigación y activistas de derechos humanos. Está furioso: tras gastar 30 millones de euros en una campaña de odio contra los refugiados, pidiendo a los ciudadanos que rechazaran la cuota de 1.300 refugiados de la UE en el referéndum que convocó el año pasado, la participación fue tan baja que el resultado final fue inválido. Orbán culpa en parte a los activistas de derechos humanos de esta derrota. Ellos fueron quienes sostuvieron que el referéndum era una farsa, ya que, bajo el derecho internacional, todos los países tienen la obligación legal de ayudar a los refugiados. También está irritado con las ONG ecologistas que cuestionan su nueva central nuclear financiada y construida por Putin, así como con los periodistas de investigación y ONG que luchan contra la corrupción y que no han cesado de denunciar el saqueo de dinero público.
En virtud de una nueva ley, cualquier ONG que reciba más de 23.300 euros anuales en donaciones procedentes de fuera de Hungría tendrá que declararse públicamente «agente extranjero». Esto es un calco de la ley anti-ONG de Putin.
Si una ONG no se declara de esta forma, se enfrentará a una multa y, en última instancia, al cierre. El objetivo de Orbán es estigmatizar y desacreditar públicamente a las ONG que no le gustan y, tal como han expresado otros miembros de su gobierno, obligarlas a salir de su propio país. La misma táctica que se ha utilizado en Rusia. Como la desconfianza de la gente y el acoso de las autoridades no deja de crecer, el cierre de que las últimas organizaciones pro-democracia que quedan en Hungría cada vez resulta más probable.
Si la Unión Europea quiere proteger los valores fundamentales de la UE, debe dejar claro que esta ley antidemocrática no tiene lugar en ella. Te instamos a que protejas la última línea de defensa de la democracia húngara.
