Los violentos ataques antisemitas de enero de 2015 en París conmocionaron Europa. Espoleado a entrar en acción por los asesinatos, Frans Timmermans, Primer Vicepresidente de la Comisión Europea, reunió la semana pasada a representantes de las comunidades judía y musulmana, activistas, expertos, funcionarios y políticos en un coloquio sobre el odio antisemita e islamófobo. Según Timmermans, "las fuerzas más oscuras, más amenazadoras en nuestras sociedades siempre se vuelven en primer lugar contra las minorías. Siempre se vuelven primero contra los judíos". Dicho de otra manera, el antisemitismo es el canario del continente europeo en la mina de carbón cuando se trata de detectar los niveles de intolerancia en Europa.

Si el antisemitismo es una señal de que Europa se está volviendo hostil hacia todas las minorías, cuesta entender por qué la Comisión se centró tan solo en dos de los grupos vulnerables. La UE debería merece un reconocimiento por ayudar a poner otro ladrillo en el puente de la confianza mutua, la comprensión y el respeto entre los dos pueblos, que a menudo son contrapuestos por los vendedores de odio. Algunos podrían decir que esta era una razón suficiente para centrarse solo en el antisemitismo y la islamofobia. Pero la perspectiva estrecha del coloquio es problemática en dos sentidos.

Los delitos de odio son un problema más amplio

En primer lugar, echando un vistazo a Europa en su conjunto, se ve que grupos diferentes son blanco de delitos de odio en diferentes grados en diferentes países. En algunos países, los extremistas centran su odio contra la comunidad judía, en otros contra los musulmanes, y en otros contra los romaníes, los viajeros, los afrodescendientes, las personas LGBTI, las personas con discapacidad o contra de las personas de otras nacionalidades.

Lo que se pone de manifiesto conforme a este punto de vista más general es que el problema en Europa incluye el antisemitismo y la islamofobia, pero es más amplio. El problema de Europa es que un sector de la sociedad en todos los países siente la necesidad de atacar a una o varias minorías. El grupo objeto de los ataques varía en función de factores sociales, económicos, políticos e históricos.

Como parte de la lucha contra los delitos de odio, Timmermans se comprometió a nombrar dos coordinadores para que le informen directamente a él: uno sobre el antisemitismo y otro sobre la islamofobia. La UE corre el riesgo de dar a entender que el odio hacia otros grupos es menos importante. Además, si los delitos de odio se están convirtiendo en un problema para todas las minorías, entonces es probable que tengan una causa subyacente más amplia. Los responsables políticos tendrán mayores dificultades para dar con las causas profundas y por ende para abordarlas, si se centran solo en dos grupos.

Ir a las raíces

Y este fue un segundo problema con la discusión. La mayoría de los oradores se centraron en la manera de abordar los síntomas de odio, en vez de buscar las razones más profundas que están detrás de a) por qué las personas desarrollan prejuicios y b) cómo la gente con prejuicios se ve llevada a cometer actos de violencia. Por tal motivo, se dedicó mucho tiempo a debatir cuestiones como la forma de controlar el discurso del odio; la forma de garantizar que las víctimas informen del delito de odio a la policía; la forma de garantizar que el delito de odio es enjuiciado y la forma de mejorar la seguridad.

Estas medidas son necesarias para proteger a las víctimas y hacerle justicia, para disuadir a los autores y reforzar los valores de la sociedad de la tolerancia. Pero sirven de poco para erradicar el odio. Por desgracia, hubo mucho menos debate entre los participantes en torno a cómo educar a las personas contra los prejuicios o la forma de evitar que elijan la violencia.

Cada vez hay más investigaciones (en relación con la extrema derecha y los delitos del extremismo islámico) que sugieren que los sectores de la sociedad que más sufren la pobreza y la exclusión social son más propensos a ser vulnerables a la radicalización. Esto no quiere decir que exista una relación causal simple entre la pobreza y el delito de odio. Sin embargo, la pobreza y la marginación social, combinadas con otros factores, sí que hacen a las poblaciones más vulnerables a generación de autores de delitos de odio.

Y sin embargo, el coloquio dio poca o ninguna importancia al hecho de que más de un cuarto de los niños en la UE se encuentran actualmente en riesgo de pobreza y exclusión social, ni al hecho de que los grupos minoritarios en Europa se enfrentan a la marginación debido a la discriminación en los ámbitos de la educación, la vivienda y el mercado laboral.

La comisión debe reforzar la presión

La comisaria de Justicia, Věra Jourová, que cerró el evento, estaba en lo cierto cuando señaló que los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad primordial de resolver estos problemas. Pero en muchos Estados miembros, los políticos populistas están consiguiendo votos azuzando el odio y los principales partidos consideran que la promoción de la igualdad de los grupos marginados es un riesgo político.

La Comisión tiene el poder de cambiar esta situación mediante la aplicación de la legislación sobre igualdad de la UE contra los países que segregan a las minorías o les niegan la igualdad de acceso a la educación y el empleo. Del mismo modo, se podría aplicar la legislación de la UE sobre delitos de odio y de incitación al odio y utilizar su influencia política condenando a los predicadores del odio. También podría facilitar fondos a las ONG para que ayuden a que las víctimas exijan el cumplimiento de la ley de la UE en los tribunales.

Por desgracia, la Comisión ha solido evitar hacer demasiado hincapié en la protección de los derechos fundamentales en la UE y solo recientemente ha instado sus dos primeros casos contra gobiernos que discriminan a una minoría étnica. Si los responsables políticos quieren acabar con los delitos de odio, necesitan atacar sus síntomas y sus causas. Y cuando las autoridades nacionales se convierten en parte del problema, la Comisión debe reforzar su presión y hacer cumplir la ley.

Por Israel Butler y Dovile Šakaliené