Rights International Spain se ha aliado con la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad para presentar una Intervención de Tercera Parte ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto de Zeshan Muhammad c. España.

Este caso trata de un joven pakistaní que tuvo que demandar al Estado español por la identificación realizada por un agente de la Policía Nacional con el argumento de que “no iba a parar a un alemán”.

Las dos entidades que han suscrito esta intervención consideraban importante informar al Tribunal de las medidas cuya adopción debía instarse al Estado español para evitar que sigan produciéndose actuaciones policiales discriminatorias como la denunciada.

Todas estas medidas han sido recomendadas por otros organismos europeos e internacionales de protección de derechos humanos y además han demostrado funcionar en la práctica de varios cuerpos de policía, tanto españoles como de otros países de Europa.

Marco jurídico adecuado contra el uso de perfiles raciales

La normativa española que regula la potestad de la policía para realizar identificaciones (la Ley de Seguridad Ciudadana) no es adecuada, al no contener salvaguardias suficientes frente al uso de perfiles raciales por parte de la policía.

En primer lugar, la normativa debería incluir una definición y prohibición de este tipo de actuaciones policiales discriminatorias. En segundo lugar y, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debería requerirse la existencia de una sospecha razonable de la comisión de un delito o un ilícito como paso previo a realizar una identificación o un cacheo.

De este modo, se obligaría a los agentes a guiarse por criterios objetivos en lugar de estereotipos vinculados con la raza de las personas.

Uso de formularios de identificación

Otra de las medidas clave para evitar controles policiales es el uso de formularios a ser cumplimentados por los y las agentes cada vez que realizan una identificación. En dichos formularios deberían poder consignarse los datos personales (incluida la etnia o la raza) de la persona identificada, el motivo que lleva al agente a identificarla y el resultado de la identificación (esto es, si ha resultado o no en el descubrimiento de un ilícito).

Además, debe otorgarse una copia del formulario a la persona identificada con información de las vías de denuncia en caso de haber recibido un trato indebido por parte de la Policía. De esta manera, se protegen los derechos de la persona identificada al tiempo que se puede medir tanto el grado de desproporción de las actuaciones policiales contra ciertos colectivos, así como el grado de eficacia de los controles policiales. La experiencia ha demostrado que esta herramienta sirve para reducir los controles por perfil étnico, al tiempo que se mejora la eficacia policial: cuanto más se guían los y las agentes por criterios objetivos, menos discriminación hay y más ilícitos se descubren.

Establecimiento de un mecanismo independiente de supervisión de la Policía

Una de las deudas históricas de España con los derechos humanos es la ausencia de un verdadero mecanismo independiente con potestad de supervisar las actuaciones policiales y de recibir quejas. Estos mecanismos tienen un rol muy importante en la prevención, investigación y sanción de las violaciones derechos humanos cometidas por agentes de policía, como lo son las actuaciones discriminatorias (o la contravención de la prohibición de la tortura).

Mejora de las relaciones entre la policía y las comunidades

Finalmente, es necesario que en España se tomen medidas para establecer canales de diálogo y mejorar así las relaciones entre la policía y todas las comunidades que conforman la sociedad a la que sirve la Policía. De este modo, se aumentará la confianza conferida a la institución policial por parte de todas las personas y se podrá superar poco a poco los estereotipos negativos contra determinados colectivos de la policía (así como los estereotipos negativos que tiene la propia policía entre determinadas comunidades).