Illés Szurovecz quería informar sobre las condiciones que prevalecían en los campos de refugiados húngaros en el punto álgido de la crisis de los refugiados de 2015. Su plan era cubrir, en primer lugar, el campamento abierto de Debrecen, donde el Defensor del Pueblo había afirmado que las condiciones de vida violaban los derechos de los solicitantes de asilo. Solicitó un permiso de entrada en la Oficina de Inmigración y Nacionalidad pero le fue denegado, bajo pretexto de que permitir la entrada de periodistas pondría en peligro la seguridad de los solicitantes de asilo que vivían en el campamento, debido a que podrían difundir sus casos en los países de los que habían huido. A pesar de que Szurovecz declaró que solo fotografiaría a las personas que hubieran dado su consentimiento por escrito, no se le permitió entrar en el campo. A consecuencia de ello, inició un procedimiento judicial contra la decisión en Hungría. El tribunal declaró que no tenía competencia legal en el caso.

Los periodistas pueden revelar los abusos del poder del Estado

Con la ayuda de la HCLU, Szurovecz acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar que se había violado su derecho a la libertad de expresión y a una reparación legal. Impedir físicamente que los periodistas informen constituye una grave infracción que viola el derecho de la sociedad a la información y el de los representantes de los medios de comunicación, pues bloquean la labor de los periodistas de supervisar al Estado y de revelar los abusos de poder que se producen a puerta cerrada.

En su defensa, Hungría alegó que el periodista podría haber utilizado los informes realizados por las organizaciones de la sociedad civil que estaban en el campo, o haber realizado entrevistas fuera del campo. Sin embargo, el tribunal de Estrasburgo declaró que la información de primera mano recogida por el propio periodista es mucho más valiosa que la obtenida de forma indirecta. La sentencia también enfatizó que los medios tienen un papel especialmente importante a la hora de informar sobre grupos sociales vulnerables, debido a que la divulgación proporciona cierta garantía de que los organismos estatales se responsabilizarán de sus acciones.

Hungría no explica por qué informar sobre la situación pone en peligro la seguridad de los solicitantes de asilo

Una parte importante de la sentencia destaca que al justificar la prohibición invocando la necesidad de proteger la intimidad de los solicitantes de asilo, las autoridades húngaras no tuvieron en cuenta que el periodista iba a proteger el anonimato de los sujetos. Tampoco explicaron cómo el informe pondría en peligro la seguridad de las personas que vivían en el campamento habida cuenta de que el periodista solo iba a publicar la información que le autorizaran por escrito.

La sentencia también es importante porque afirma que los periodistas no solo tienen derecho a la libertad de expresión, también a recopilar información y a elegir la forma en la que quieren informar y recoger sus fuentes.