Después de interrogar a la contraparte polaca por cuarta vez, los ministros de Asuntos Exteriores y Europeos de los otros 27 países de la UE salieron de su reunión del martes en Luxemburgo sin estar convencidos de los esfuerzos de Varsovia por defender el Estado de derecho. Según los responsables de la UE, el proceso de sanción a Polonia por presuntas violaciones del Estado de derecho sigue adelante tras la incapacidad del gobierno de defenderse.

El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, declaró tras la reunión del Consejo de Asuntos Generales: "Seré muy claro: la amenaza sistémica para el Estado de derecho persiste. Para que podamos decir que ya no persiste, necesitaremos que el gobierno polaco dé más pasos".

La Comisión Europea ha inicó por primera vez a finales del año pasado el procedimiento de Estado de derecho contra un Estado miembro por socavar los controles y equilibrios democrático.

En ese momento, la CE enumeró cuatro problemas fundamentales de las reformas polacas: solicitó que no se aplicara una edad de jubilación más baja a los jueces actuales; que se eliminara el poder discrecional del presidente para prolongar el mandato de los jueces del Tribunal Supremo; que se eliminara el nuevo régimen de jubilación de los jueces, incluidos los poderes discrecionales del ministro de Justicia; y que se restableciera la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional.

Varsovia no da señales de buena voluntad

A pesar de las múltiples advertencias y de los casos abiertos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el representante del gobierno nacionalista polaco insistió en que están actuando dentro de sus derechos soberanos y de acuerdo con su Constitución al promulgar las reformas. El secretario de Estado polaco para Asuntos Europeos, Konrad Szymański, habló durante más de una hora en defensa de las reformas sin anunciar ninguna intención de cambiar o rescindir las cuestiones controvertidas de las mismas.

Las reformas controvertidas incluyen la facultad del gobierno polaco para destituir hasta el 40% de los jueces del Tribunal Supremo y otorgar al ministro de Justicia nuevos poderes para disciplinar a los jueces. Además, la preocupación más acuciante de la UE es la ley sobre el Tribunal Supremo, que entrará en vigor el 3 de julio de 2018.

Además de las preocupaciones legales de la UE y las crecientes críticas de organizaciones de derechos humanos, el gobierno polaco está cada vez más aislado dentro de los Estados miembros. Esto resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta las negociaciones en curso sobre el presupuesto de la UE para el próximo presupuesto de siete años, que comenzará en 2021, y las próximas elecciones al Parlamento Europeo en 2019.

Polonia aislada, la UE indecisa

El procedimiento del Estado de derecho de la UE, puesto en marcha por el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, puede dar lugar en última instancia a la suspensión del derecho de voto de Polonia en el Consejo Europeo. Sin embargo, esta opción, llamada nuclear, requeriría la unanimidad de los otros 27 países de la UE, y Hungría, aliada de Varsovia, se ha comprometido a bloquearla.

El rechazo del gobierno de Varsovia a abordar las preocupaciones expresadas por la UE pone de relieve la dificultad de los mecanismos de la UE para luchar contra los Estados miembros que desobedecen sus derechos y valores. No obstante, por ahora la Comisión y el Consejo han seguido adelante con el procedimiento en un esfuerzo por mantener la presión sobre el gobierno polaco.